La aprobación este miércoles por parte de la Diputación de León de una moción por la autonomía de la región leonesa ha generado cierto debate respecto a la posible segregación de León, Zamora y Salamanca para conformar una nueva comunidad autónoma. Desde el Gobierno, los ministros Ángel Víctor Torres y Óscar Puente -vallisoletano- se han pronunciado al respecto, considerando la propuesta “legítima” y “respetable”.
Este miércoles, la Diputación de León aprobaba con 13 votos a favor -UPL y PSOE- y 11 en contra -PP y Vox- una moción por la autonomía de León, Zamora y Salamanca para constituir una nueva región dentro de España. Este movimiento ha permitido que la histórica reivindicación de los leonesistas salte a la política nacional.
Este jueves, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, amparaba la propuesta dado el “respeto a las mayorías”, al tiempo que consideraba “tan legítimo” que los territorios quieran “ampliar sus competencias”, así como que puedan surgir “nuevas autonomías” dentro del país. Además, ha anunciado que el ministerio que dirige estudiará la propuesta de la Diputación leonesa, aunque apelaba al consenso.
Torres también ha incidido en el respeto “uniforme y completo” de la Constitución. Si bien, en este sentido, cabe recordar que en su artículo 2, la Carta Magna garantiza “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran” el país, mientras que en el artículo 143 se recoge el derecho de las provincias “a constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden la mayoría de sus municipios y sus diputaciones provinciales”.
Por su parte, el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, ha asegurado que “respeta” y “entiende” la postura de autonomía leonesa. Asimismo, reconocía que la actual comunidad autónoma de Castilla y León “se creó por las razones que se creó” y “nunca ha cuajado como tal”, ya que, a su juicio, “no hay una identidad castellano y leonesa”. No obstante, matizaba que la hipotética autonomía de la región leonesa “no va a cambiar la vida de los leoneses”.
La Junta
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, circunscribió la moción pro autonomía leonesa aprobada el miércoles en la Diputación de León con los votos del PSOE y la UPL al “pago al precio político” por el pacto de gobernabilidad en la institución provincial. Carriedo hizo un paralelismo de lo ocurrido en la Diputación de León con el Gobierno de España, con partidos que “perdieron las elecciones y tienen un pacto” para gobernar. “Es el pago de un precio político para mantenerse en el gobierno de unas instituciones donde han perdido las elecciones pero quieren gobernar”, dijo.
El también consejero de Economía y Hacienda insistió en que “ayer asistimos al pago de ese precio político, igual que asistimos con más frecuencia de la recomendable en el Congreso de los Diputados con tal de permanecer en el Gobierno”, informa Ical.
Carlos Fernández Carriedo dejó claro que sus críticas no van dirigidas a gobiernos de coalición en genérico sino a aquellos que pagan un precio político “con lo que es de todos para mantenerse en un gobierno”.
En este sentido, sentenció que no le parece “bien” que para seguir siendo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pague con la “ruptura” de la igualdad, con la amnistía, con 15.000 millones de condonación de deuda para los separatista y con un sistema de financiación singular.
Carriedo incidió en que en Castilla y León están a favor de la “Constitución y del Estatuto de Autonomía” y advirtió de que acudirá a las vías jurídicas que sean necesarias, a los tribunales, cuando haya documentos que certifiquen esas decisiones que se negocian en Suiza,.
En este contexto, Carlos Fernández Carriedo lamentó que en el PSOE de Castilla y León “haya varias ideas” y trasladó su preocupación porque en el partido de Luis Tudanca convivan “opiniones tan distintas dependiendo del día y el lugar”. Así, reprochó que es “muy difícil alcanzar acuerdos” porque “primero debe aclarase el propio PSOE sobre lo que piensa y qué idea tiene”.
“Nosotros lo tenemos claro, el Estatuto y la Constitución española y centrarnos en los problemas importantes de ella gente”, razonó para expresar que “hay que diferencias entre los problemas del PSOE y los de los ciudadanos, que no son los mismos”.
“El PSOE a veces cree que sus problemas son los de los ciudadanos y no”, prosiguió, para defender que en la Junta, trabajan para solventar las necesidades de las personas que tiene dificultades para llegar a fin de mes y por contar non unos servicios públicos de calidad. “Estamos a lo que nos parece importante, que son los problemas de las personas, mientras el PSOE está a sus problemas”, concluyó.