Opinión

La fosa social, nuestro problema real

La desigualdad social cava un abismo social, cava una fosa social. Y este es nuestro auténtico problema, nuestro sufrimiento real. Sin embargo, se oculta que la desigualdad aumenta y se oculta que una ínfima minoría social -bancos, eléctricas, petroleras y capital extranjero- gana cada vez más a costa de recortar el bienestar, de empobrecer -en mayor o en menor medida- a la mayoría social.

Se oculta -y se confunde- hasta el extremo de que la última encuesta del CIS diga que la principal preocupación de los españoles es la inmigración. Cuando todas las encuestas recientes nos decían que las principales preocupaciones de la población eran la pérdida de poder adquisitivo por la subida de precios, los alquileres abusivos y la degradación de la sanidad. Y además se oculta que esa minoría social tiene preparada una hoja de ruta aún más agresiva -que entrará en vigor en 2025- para imponernos recortes de hasta 15.000 millones, así como una amenazante revisión de las pensiones.

Podemos dividir a la sociedad española -excluyendo a banqueros y oligarcas, que “viven en otra dimensión”- en tres grandes bloques. Existe un primer bloque al cual las cosas “le van bien”. Sería el 20% de la población con las rentas más altas que ha aumentado su poder adquisitivo en los últimos 5 años entre un 2% y un 3%, beneficiándose del crecimiento económico.

El segundo y más numeroso bloque somos quienes no sufrimos la amenaza de caer en la pobreza, pero sí hemos visto recortadas nuestras condiciones de vida. Somos el 48,5% de los españoles que tenemos dificultades para llegar a fin de mes. Y somos el 59% de la población que hemos perdido poder adquisitivo desde 2021.

Hoy, en realidad, un trabajador gana un 2,5% menos que en 2019. 700 euros que nos quitaron cada año. Y muchas pymes y autónomos que ahora pagan el triple de intereses. La inflación ha disminuido su ritmo del 10% al 2,2%. Pero eso sigue empobreciéndonos. El Euribor baja, pero en realidad los tipos de interés están altos. En lugar de una media de 3.200 euros más al año, pagaremos “sólo” 2.200.

Según Eurostat el 26,5% de los españoles, 12,7 millones de personas, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Bien porque sus ingresos son muy bajos -menos de 915 euros al mes por persona- o porque sufren carencias materiales severas. Como los 1,9 millones que no son pobres, pero no pueden permitirse una comida con carne o pescado cada dos días.

El alza del precio de productos o servicios básicos, además de unos alquileres disparados, ha incrementado la proporción que se encuentra en estas condiciones extremas. En junio de este año España se convirtió por primera vez en el país de la zona euro con mayor riesgo de pobreza. Y tener trabajo ya no es un “seguro de vida”. Un 12% de los trabajadores -2,5 millones- son pobres. Y según criterios europeos serían 3,3 millones.

La confusión que oculta el incremento del saqueo también cubre con un tupido velo a los culpables. Para que bancos, monopolios y capital extranjero ganen más, la mayoría vemos recortado nuestro bienestar. En los últimos cinco años, los márgenes de ganancia de bancos y monopolios se han disparado, creciendo más del doble que los salarios. Esta es la razón, y los culpables, del abismo y la fosa social.

En el Ibex-35 los beneficios en el primer semestre de 2024 han sido un 13% mayores, es decir, va a acumular este año 65.000 millones de euros de ganancias. Las eléctricas han logrado en la primera mitad del año un beneficio histórico de casi 8.000 millones. La gran banca ha aumentado su margen de ganancias hasta un 80%.

Mientras el capital extranjero -especialmente el estadounidense- está aumentando su control sobre la economía y las fuentes de riquezas nacionales.

Las ayudas sociales son necesarias, deben mantenerse y ampliarse, pero no detienen el avance de la enfermedad. Solo hay una manera de acabar con este atraco: redistribuir la riqueza. Es posible, y hay una amplia mayoría social que lo exige.

Hay que recortar los ingentes beneficios de bancos, eléctricas, petroleras y capital extranjero para destinar esos recursos a crear empleo, mejorar la sanidad y la educación públicas.

Por. Eduardo Madroñal Pedraza

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