Opinión

Los procedimientos de la razón

Los procedimientos de la razón se encuentran hoy en horas bajas. Y es lamentable porque todos aprendimos de niños en la escuela que somos animales racionales, además de todo aquello del bípedo implume etcétera.

Por un lado, estos procedimientos de la razón que se basan en la lógica aristotélica con el añadido empírico del «Novum Organum» de Francis Bacon, están sometidos hoy a un bombardeo continuo de trolas y bulos. Y por otro lado parecen deteriorarse a toda prisa por exposición a un medio ambiente poco favorable o directamente hostil en el que el aire que se respira es el que excreta la telebasura, de factura millonaria pero muy tóxica para nuestras neuronas.

Así que para visualizar el contexto en el que la razón se ve cada vez más comprometida y se va agostando, conviene situar en un lado de la palestra por ejemplo a un científico prestigioso y de mérito explicando el cambio climático o que la Tierra es redonda, y en el otro a un orate amenazándole de muerte.

Evidentemente son términos de una ecuación muy desequilibrada: en un lado palabras, argumentos, y datos, y en el otro violencia y amenazas.

Algo anda muy deslavazado en nuestros usos y costumbres razonables y en nuestros procedimientos lógicos cuando después de que un senador del PP haya confesado que ellos (los políticos del PP) toquetean a los jueces del Tribunal supremo por detrás, y hayamos visto además el resultado judicial de los fraudes del rey emérito (que todavía es rey e impune), nos ponemos a polemizar divagando si nuestra justicia es o no independiente o si habrá o no lawfare. O incluso si somos o no iguales ante la Ley, principio básico en cualquier democracia.

Que es como si todavía estuviéramos discutiendo si la tierra es plana o redonda después de los viajes de circunnavegación o después de haber visto amanecer a la Tierra desde la luna.

Pero por si no nos había quedado claro tras las confesiones del senador Cosidó que el lawfare realiza su labor sesgada en nuestro país desde hace tiempo y que algunos de nuestros jueces no son independientes, ahí tenemos las declaraciones recientes de un juez -el juez Velasco, de la audiencia nacional – que nos lo dice a las claras.

Me estoy refiriendo claro está a lo manifestado hace pocos días por el juez Velasco durante una conferencia en la que aseguró que el gobierno actual no es legítimo, y que sin embargo sí sería legítimo un gobierno del PP.

Evidentemente desde unas premisas falsas solo puede llegarse a conclusiones erróneas, cuando no directamente lamentables y facciosas.

Hemos de suponer que, en sus conclusiones íntimas y subliminales, este juez propone -a quien cometa la imprudencia de creerlo- que el objetivo impostergable es derrocar a este gobierno (en cuanto que ilegítimo) sin pararse en medios, utilizando incluso el lawfare. Lo cual coincide en el tiempo noticiable con las averiguaciones cada vez más prolijas sobre el golpe de Estado planeado por Bolsonaro en Brasil: «Bolsonaro planeó, actuó y tuvo dominio de los actos» (El País).

Y es que desde unos mismos principios argumentados con falsedad en cuanto a la legitimidad de un gobierno puede acabarse en unos mismos hechos lamentables.

De ahí la prudencia que se requiere a la hora de dictar conferencias y la exigencia inexcusable de utilizar la razón y el conocimiento de lo que es legítimo o no.

No contento con esto, y a pesar de que este juez conoce, como todos nosotros, la guerra sucia y antidemocrática, en parte también judicial, contra PODEMOS desde las cloacas del Estado y su policía franquista, se permite dirigir una burla a Irene Montero por el hecho de que esta representante legítima y democrática haya trabajado en un supermercado.

Evidentemente este juez desconoce que a juicio de la mayoría de los currantes el trabajo dignifica, incluso en las condiciones que se estilan en España, claramente precarias y muy mejorables. Y que el trabajo al que él se refiere -de cajera en un supermercado- tiene sin duda un valor superior y mayor dignidad que el de un senador que se dedica a toquetear a los jueces del Tribunal supremo por detrás, o al de un político como Abascal cuya vida laboral, entre chiringuito y chiringuito, cabe en un pósit, como dijo con acierto durante una intervención memorable el actual presidente del gobierno.

Gobierno que para quien conoce la naturaleza de la democracia y la historia de la nuestra, es plenamente legítimo, sin lugar a dudas.

Más dudas caben sobre la legitimidad de otros hechos, que sin embargo no parecen tener demasiadas consecuencias:

En la guerra sucia contra Podemos desde las cloacas de un Estado todavía fascista, los audios de Ferreras y Villarejo son un capítulo más para nuestra antología de la sordidez. Hasta aparece por allí, en la juerga de los «echaos palante«, en la que se concede a Inda por sus colegas el título de «zumbao», un jefe de la «inteligencia» proponiendo cosas raras.

Establecida la legitimidad del actual gobierno, eso no impide que, si alguno de sus elementos se corrompe y ello se demuestra, tenga las consecuencias pertinentes al caso. El Estado de derecho, cuando no se desvía de su camino por intervenciones espurias y siempre que arranque de principios sanos (entre los que no cabe la impunidad del rey), es también un Estado de razón.

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