La alcaldesa de Alba creó un puesto “a dedo” para una trabajadora del Reina Sofía, según la Fiscalía

La alcaldesa del PP en Alba de Tormes, Concepción Miguélez, ha declarado este lunes ante la Audiencia Provincial de Salamanca por un presunto delito de prevaricación, por el que la Fiscalía pide una pena de doce años de inhabilitación para empleo o cargo público, por la contratación en 2019 de una trabajadora para el centro ocupacional Reina Sofía, de titularidad municipal. La persona contratada como monitora se había presentado como número siete en las listas electorales del PP, encabezada por la propia Miguélez.

El puesto de trabajo, según el fiscal, fue creado “ad hoc” (específicamente) para la persona seleccionada, sin que hubiera oferta pública de empleo y sin tener en cuenta los criterios de igualdad, capacidad y mérito. Tampoco cree justificada que la urgencia fuera suficiente para que el proceso se llevara a cabo tal y como se hizo, pues es “extremadamente sencillo” hacer llegar una oportunidad laboral al Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal SEPE) a través de su página web.

La primera edil albense ha declarado que se tuvieron en cuenta varios currículums para tomar la decisión (en concreto, durante la vista se han presentado siete). Sin embargo, tal y como se ha recordado durante el interrogatorio, la alcaldesa había manifestado con anterioridad, cuando el grupo municipal socialista pidió explicaciones al respecto, que únicamente se contaba con uno, debido a que los ordenadores del Ayuntamiento se habían formateado.

La alcaldesa ha asegurado que, tras evaluar los currículums existentes, se comprobó que solo una persona cumplía los requisitos, entre ellos, no haber trabajado antes para el Ayuntamiento y tener la titulación adecuada para desempeñar un nuevo perfil en el centro para personas con discapacidad, algo que, según asegura, habían solicitado los padres de los usuarios en reuniones previas. La formación en musicoterapia y la titulación especializada en Educación Especial fueron, según detalló, decisivos en la elección de la trabajadora, puesto que se querían impartir nuevas actividades en el centro.

La publicidad de la plaza vacante sí tuvo lugar, según Miguélez, y se realizó mediante carteles en el propio Ayuntamiento. “Sí se publicitó y sí hubo más currículums”, ha manifestado, al tiempo que ha sostenido que los analizó junto con la concejala de Bienestar, Elena García Martín (PSOE), quien también ha prestado declaración este lunes.

El actual secretario municipal del Ayuntamiento de Alba, que lleva más de 20 años en el puesto, ha declarado durante la vista que avisó sobre irregularidades en el proceso, en concreto, sobre la forma de tramitar la urgencia. Para los siguientes procesos de contratación laboral temporal se corrigió este aspecto, al tiempo que se creó una bolsa de empleo, según ha detallado la alcaldesa.

Por su parte, la defensa descarta el delito de prevaricación y pide la absolución, ya que algo así es solo aplicable “a cosas muy gordas, no a cualquier ilegalidad”. Además, ha revisado procesos de contratación anteriores para el mismo puesto y ha concluido en que la fórmula no siempre ha sido la misma, puesto que solo en dos de los casos se hizo convocatoria pública a través del Ecyl.

El abogado defensor ha dicho que la regidora albense “no lo hizo a sabiendas”, y que de hecho reformuló los procesos para las siguientes selecciones. La Audiencia ha acogido, además, los testimonios de varias extrabajadoras del Reina Sofía, entre ellas la que elegida para el puesto cuyo procedimiento ha analizado la Audiencia Provincial.