Analizábamos en esta misma columna el pasado 14 de diciembre, antes del “paréntesis navideño”, las responsabilidades de Gobierno de España para consolidar y mejorar el sistema sanitario público. Esta columna versa hoy sobre las diferencias existentes entre el gasto y la gestión sanitaria en Europa, España y entre las Comunidades Autónomas que son las responsables de la asistencia sanitaria.
Durante mucho tiempo el debate entre políticos y gestores se ha limitado a aspectos organizativos y de gestión dirigidos a disminuir el ‘gasto’ por encima de todo, incluso por encima de la asistencia, mientras que a los ciudadanos les preocupaba y preocupa el empeoramiento de la misma y su manifestación más visible: las listas de espera. Las CCAA deciden cuanto y como invierten y, preocupadas por disminuir el gasto, utilizan cualquier procedimiento a tal fin y determinan el modelo y el tipo de atención que recibimos los ciudadanos.
La mayor o menor inversión en sanidad es una decisión política del gobierno de cada autonomía. La calidad asistencial final depende del presupuesto y de cómo se gestiona. Si se invierte menos la calidad se resiente, si se invierte mal también. Las diferencias entre CCAA son alarmantes y generan desigualdades en la dotación de infraestructuras, personal, tecnología, equipamiento… y todo ello influye en la atención que reciben los ciudadanos. En España la descentralización sanitaria ha dado lugar a una sanidad pública desigual en prestaciones y calidad asistencial entre personas y territorios.
Gasto sanitario público y privado
El mal llamado gasto sanitario (es una inversión) de un país puede ser público o privado. El público es financiado por los gobiernos a través de impuestos y representa una parte significativa del gasto sanitario total. El privado incluye pagos directos de los ciudadanos, seguros de salud privados y otros desembolsos no cubiertos por el sector público.
El gasto público constituye la mayor parte del gasto sanitario en la mayoría de los países de la UE; sin embargo, la proporción entre gasto público y privado varía según el país. En 2022 el gasto medio de la UE se situó en torno al 10,4% de su Producto Interior Bruto (PIB). Alemania invirtió el 12,6%, (10,9% gasto público y 1,7% privado); Francia el 11,9% (10,1% público y 1,8% privado) y España el 9,7% (7,2% público y 2,6% privado). El gasto público de España es de los más bajos de Europa.
En nuestro país existen disparidades importantes en la inversión sanitaria per cápita entre autonomías. El presupuesto sanitario per cápita en 2024 osciló entre 2.311 € por habitante en Asturias (8% de su PIB regional) y 1.468 € en Madrid (4,2% de su PIB). En Castilla y León (CyL) fue de 2.042 € (7,3% de su PIB).
Transferencia público-privada
Un factor importante a tener en cuenta es que parte del gasto público termina en manos de empresas sanitarias privadas vía conciertos, que en el caso de España fue del 6,6% en 2021 y en 2022 aumentó hasta el 10,2% (9.521 millones), con variaciones importantes entre autonomías, oscilando entre el 23,9% de Cataluña y el 2,8% de Castilla y León. En Asturias fue del 6,4% y en Madrid del 12.3%.
Este tipo de conciertos pueden estar justificados momentáneamente en tanto el dispositivo asistencial público esté desbordado, pero en muchas ocasiones forma parte de un modelo político y económico oculto (cada vez menos oculto) y premeditado que pretende debilitar el sistema público y financiar a empresas privadas, con un modelo de transición progresiva, silenciosa e irreversible hacia una sanidad privada para quien pueda pagarla y una de “beneficencia” para quien no pueda hacerlo. Todo ello bajo el “paraguas ideológico” de que la sanidad pública no es sostenible repetido como un mantra precisamente por los encargados de gestionarla convertidos así en caballos de Troya.
El objetivo de la sanidad pública es mejorar la salud de la población. El objetivo de las empresas sanitarias privadas es ganar dinero y obtener un beneficio económico lo más grande e inmediato posible, y lo consiguen en base a reducir la cantidad y calidad de las prestaciones. Su objetivo no es mejorar la salud sino ganar dinero. El ejemplo actual sobre la extorsión de las aseguradoras privadas al gobierno para renovar el concierto con Muface pidiendo un incremento ¡del 40%! es ilustrativo al respecto, al igual que lo es la práctica de “incentivar” a sus asegurados de mayor edad, con enfermedades crónicas o con patologías graves, que generan más gasto, a cambiarse a la sanidad pública, aunque lleven toda su vida cotizando a las aseguradoras.
La llamada “colaboración público-privada” es un eufemismo que, además de debilitar intencionadamente la sanidad pública trasfiriendo fondos a la sanidad privada, es también una práctica política que tiene daños colaterales importantes en forma de corrupción del sector público: corrupción inmediata a través de “mordidas” y corrupción diferida a través de las “puertas giratorias”, de las que se benefician políticos y gestores del sistema público cuando abandonan el poder político y administrativo, encontrando acomodo en las empresas privadas que ellos favorecieron previamente. Existen numerosos ejemplos de ambos tipos en algunas autonomías, algunos de ellos de palpitante actualidad.
La utilización de las instituciones y el presupuesto público para favorecer intereses privados debería tener responsabilidad penal y además ser también castigada por los electores. Para evitar lo primero es preciso un cambio de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión y un endurecimiento del código penal. Lo segundo no será posible mientras los damnificados de este tipo de política (los ciudadanos) no sean conscientes del problema y sigan aguantando estoicamente las deficiencias asistenciales y a los responsables de las mismas (continuará).
Miguel Barrueco Ferrero, Médico y profesor universitario
@BarruecoMiguel
