La actual situación de “emergencia habitacional” requiere la aplicación de medidas “de carácter urgente” por parte del Gobierno y las comunidades autónomas, en opinión de la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca que agrupa a 61 inmobiliarias de la provincia. De manera general, creen “fundamental” que las administraciones “trabajen en soluciones más integrales y concretas” para solucionar “problemas estructurales como la escasez de oferta y la necesidad de viviendas asequibles”.
Las medidas propuestas carecen de efectos inmediatos y a corto plazo. Además, algunas como la regulación de las viviendas turísticas o los alquileres de temporada y las limitaciones a la compra de vivienda para los extranjeros no residentes podrían interpretarse como «intervencionismo excesivo afectando negativamente a la dinámica del mercado y podrían desincentivar la inversión provocando volatilidad en el sector».
Esta entidad propone una modificación de la Ley de Acceso a la Vivienda “en los aspectos en los que afecta a la seguridad jurídica del propietario”, pues se “criminaliza” a las empresas de intermediación inmobiliaria “en el cobro de sus honorarios profesionales” al «apartarle de los derechos del artículo 38 de la Constitución” (libertad de empresa), algo que, “como se ha comprobado, no favorece la solución del problema sino que lo empeora”, exponen en un comunicado difundido este miércoles.
El Gobierno central “apuesta por una intervención más directa en el mercado inmobiliario, incluyendo la creación de una empresa pública de vivienda y regulaciones fiscales para controlar el mercado”, mientras las comunidades gobernadas por el PP “se centran en incentivos fiscales y la movilización de suelo público para fomentar la construcción y adquisición de viviendas”, detalla la asociación.
Las inmobiliarias advierten que las propuestas para regular los precios de alquiler mediante incentivos fiscales “pueden no ser suficientes para motivar a los propietarios a ofrecer alquileres a precios asequibles, como propone el Gobierno central”, en especial “si consideran que las exenciones en el IRPF no compensan la reducción en los ingresos por alquiler”.
Avales e impuesto de transmisiones
Por otra parte, la ampliación de avales para la compra de vivienda es para la asociación “una propuesta positiva, aunque creemos que sigue siendo discriminatoria por edad”. Asimismo, apoyan la bajada del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), pese a considerarla “discriminatoria por el mismo motivo”, pues puede “aliviar el acceso al crédito y facilitar la compra”.
Por otra parte, rechazan las medidas que conlleven un “excesivo intervencionismo” del mercado inmobiliario, ya que “ejemplos en ciudades de todo el mundo” demuestran que esta fórmula “consigue lo contrario a lo que persigue”, aseguran.
En cuanto a los sistemas de garantías públicas para fomentar la seguridad jurídica del arrendador y el arrendatario, la agrupación salmantina recuerda que este “era una de las propuestas que se puso de manifiesto en las distintas reuniones de nuestras asociaciones con los diferentes ejecutivos”.
