El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señaló este martes que actualmente se contabilizan 95 solicitudes para plantas de biogás en Castilla y León, una cifra que determinará una “reconversión” del sector de las instalaciones de secado de purines, la modificación de las de compostaje y nuevas infraestructuras “respetuosas con el medio ambiente y cualquier emisión nociva”. “Y será una oportunidad ambiental, económica y de desarrollo rural para la Comunidad, a pesar de ustedes”, trasladó al procurador del grupo socialista, José Luis Vázquez, quien acusó a su departamento de permitir estas plantas “sin ordenación del territorio, sin regulación, sin control ni transparencia, y todo genera conflicto, contaminación y corrupción”.
Ical.- Vázquez exigió una moratoria para que “no haya ni una planta más” hasta que la Junta “ordene el territorio, fije los criterios, con transparencia y participación, y los medios suficientes para garantizar el control de la actividad”, porque los castellanos y leoneses “tienen derecho a vivir en una tierra limpia y aprovechando sus oportunidades, no despilfarradas ni convertidas en corrupción”. A esto, el consejero respondió que es “una gran oportunidad” y tranquilizó que “no habrá 10.000 plantas de biogás, como en Alemania, aunque ellos de tontos tienen poco, y realmente las han admitido porque son para el bien, no para el mal”.
El debate sobre las plantas de biogás en el hemiciclo se producía mientras más de un centenar de personas de diversos municipios clamaban frente a las Cortes contra los proyectos de macro-plantas de biogás, biometano e hidrógeno verde, así como contra las macro-granjas, y pidieron a los partidos con representación en las Cortes que elaboren una legislación que les proteja.
Suárez-Quiñones se refirió a la “acostumbrada macrodemagogia” de José Luis Vázquez y apeló a “ordenar las cosas”, para lo que destacó que las plantas de biogás “tienen una serie de exigencias muy relevantes por normativa nacional, europea y autonómica”, tanto de carácter medioambiental como para “establecer las mejores tecnologías disponibles, cumplir una normativa rigurosa en materia de residuos, suelos contaminados, calidad del aire, protección a la atmósfera, del ruido y de responsabilidad medioambiental y fertilización sostenible, así como olores y tráfico de camiones”.
Se trata, dijo, de una tramitación “garantista” que “conlleva un procedimiento de participación ciudadana” y que publica en el Bocyl cada proyecto para posibles alegaciones. “Cuenta con todos los informes necesarios y un periodo de audiencia a interesados”, aclaró.
Además, el consejero mencionó una instrucción de 2023 de la Junta, que “da certidumbre sobre criterios de ubicación, de organización y gestión del digestato sobrante”, con lo que los promotores “tienen certidumbre sobre lo que tienen que hacer”. También defendió que “cumpliendo los requisitos, las plantas son seguras medioambientalmente para no generar molestias a los vecinos”.
En estos momentos hay tres plantas en funcionamiento en Burgos, Venta de Baños (Palencia) y Ágreda (Soria), sobre las que “no consta que haya problemas ni de olores, ni de emisiones ni de molestias, pero donde los beneficios ambientales son indudables”. “Usted hace una visión parcial. Son una gran oportunidad para el sector primario, para la economía circular, para la gestión sostenible de residuos y purines agroganaderos y evitar emisiones de CO2 y el uso de combustibles fósiles”, apuntó. Igualmente, añadió, beneficia la captura de metano y óxido nitrosos “de forma razonable” y “promueve una agricultura más sostenible”.
“Dolor, ruina o corrupción”
Por su parte, Vázquez esgrimió que “todo lo que toca la Junta del PP son oportunidades perdidas, dolor, ruina o corrupción”, y puso como ejemplo el juicio por la trama eólica, que se celebrará entre septiembre de 2025 y enero de 2026, en 50 sesiones, según se ha conocido esta mañana. “A mayor gloria de las energías renovables, la trama eólica es la gran vergüenza, la gran trama de corrupción de Castilla y León, una vez más del PP”, achacó.
A su juicio, “sin ordenación del territorio, sin regulación, sin control ni transparencia”, lo que supone “que genera conflicto, contaminación y corrupción”; y consideró que la ‘trama eólica’ “será el reguero de tribunales y corrupción máxima que jamás ha tenido esta Comunidad”. “Es su puerta de entrada al primer pleno del año”, espetó Vázquez.
El procurador socialista afirmó que el biogás “es una gran oportunidad, y las eólicas también, pero no para los amigos corruptos de una Junta cómplice, sino para Castilla y León, que ustedes siempre desaprovechan”. “Mientras, nuestros pueblos están con zozobra, preocupación, desconfianza, no tienen información de cómo se desplegará el biogás”, apuntó Vázquez, quien señaló que estos pueblos “ya han decidido que no van a aguantar más, y si quieren saber cuál es la realidad, salgan fuera o pregúnteles hoy aquí”.
También acusó a la Junta de “falta intencionada de regulación, que genera conflicto en el medio rural, y desgraciadamente sin criterio y transparencia”, una cuestión, dijo, que “pone en riesgo nuestra excelente agricultura y ganadería”. “Todos sus jefes de servicio de la Dirección General denunciaron que no tenían medios suficientes para garantizar el control de la actividad. Hoy tenemos más del 70 por ciento de las aguas subterráneas contaminadas, un riesgo para la salud, para el sector primario y graves sanciones económicas”, citó Vázquez, quien acusó a la junta de “llenarse la boca del medio rural, al que desprecian y al que están convirtiendo en un auténtico estercolero, donde las oportunidades las convierten en conflicto o en desgraciada corrupción”.
El PSOE exige la moratoria para que no haya ni una planta más en cuanto al Junta no ordene el territorio, mientras no fije los criterios, con transparencia y participación y los medios suficientes para garantizar el control de la actividad.
