Distinguir imágenes reales de las que han sido creadas a través de inteligencia artificial (IA) es cada vez más difícil, pues esta tecnología genera resultados cada vez más verosímiles. Por ello, el Gobierno de España, obligará por ley a identificar aquellos contenidos generados por IA y establecerá sanciones para quienes empleen esas tecnologías de forma perversa, con multas de hasta los 35 millones de euros o el 7 por ciento de la facturación, en caso de empresas.
Las medidas se establecerán mediante la ‘Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial’, cuyo anteproyecto ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y cuyo objetivo es lograr un uso “ético, inclusivo y beneficioso” de la IA, así como permitir a los usuarios diferenciar los contenidos reales de los virtuales. Por el momento se trata de un anteproyecto de ley enmarcado entre las medidas previstas para proteger a Europa.
Estas tecnologías pueden tener tanto consecuencias negativas como positivas, según el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Entre las primeras, ha destacado su capacidad para potenciar el crecimiento económico, ayudar en la lucha contra muchas enfermedades y permitir el desarrollo de nuevos fármacos. Sin embargo, su mal uso puede generar la difusión de bulos, sentimientos de odio y ataques a la democracia, según ha asegurado.
El anteproyecto, incluido en el “escudo europeo” de protección de los derechos digitales, se complementa con el anteproyecto de ley de servicios digitales y los medios de comunicación y servirá para adaptar la legislación española al reglamento europeo de inteligencia artificial, ya en funcionamiento.
Así, siguiendo la normativa europea, quedarán prohibidas las prácticas de IA que empleen técnicas subliminales (imágenes o sonidos imperceptibles) para manipular decisiones sin que el receptor sea consciente de ello. Es el caso de los ‘chatbot’ que identifican usuarios con adicción al juego y les incitan a entrar en plataformas de juego online. También multará las que discriminen a personas por su etnia, género u otras características.
La Agencia Española de Protección de Datos (sistemas biométricos y gestión de fronteras); el Consejo General del Poder Judicial (sistemas de IA en el ámbito de la justicia), la Junta Electoral Central (sistemas de IA que afecten a procesos democráticos) y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, en el resto de los casos, velarán por el cumplimiento de la nueva ley.
