El actual pseudo-debate político sobre universidades públicas y privadas está viciado de origen por haberse planteado como una confrontación partidaria más, pero no es menos cierto que la situación de la Universidad se lleva debatiendo hace tiempo en las propias universidades y en órganos colectivos universitarios como las Conferencia de Rectores. Así lo recogía en esta misma columna el siete de diciembre del pasado año.
Muchas voces sostienen que las universidades privadas, en algunos casos, no cumplen con los requisitos mínimos de calidad que se exigen a las instituciones públicas, generando una situación de desigualdad en la oferta educativa y sembrando dudas sobre la validez de los títulos expedidos. Este desequilibrio resulta particularmente preocupante si consideramos que la educación superior constituye un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural y económico de cualquier país.
Durante las últimas décadas el crecimiento de las universidades privadas en España ha sido exponencial. Algunas de ellas han demostrado excelencia y rigor académico, compitiendo de forma eficaz con las universidades públicas y atrayendo a un alumnado que busca planes de estudio innovadores y un entorno más personalizado, o simplemente que su nota no le permite matricularse en una Universidad pública. Sin embargo, en otros casos, se ha cuestionado la pertinencia de conceder autorizaciones a centros que no cuentan con el respaldo institucional ni los recursos necesarios para garantizar la calidad de la enseñanza. Esta situación se ha visto reflejada, por ejemplo, en la carencia de profesorado acreditado por la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) o por las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas, la escasez de líneas de investigación relevantes y la falta de infraestructura adecuada en algunos centros de educación superior privados. Es a estos centros a los que se les ha denominado “chiringuitos universitarios”.
La raíz del problema puede encontrarse en la supervisión insuficiente por parte de los organismos reguladores y en la escasa exigencia de algunos gobiernos autonómicos a la hora de conceder licencias. Aunque en teoría existe un marco normativo que regula la creación de nuevas universidades — tanto públicas como privadas — y establece criterios mínimos de calidad, en la práctica el control no siempre es todo lo riguroso que debiera. Esta disparidad ha dado lugar a un fenómeno en el que, mientras a las universidades públicas se les demandan altas cuotas de excelencia en investigación y docencia, algunas privadas han logrado operar con estándares mucho menos estrictos, a pesar de contar con una legislación que, en principio, debería ser la misma para ambas modalidades.
La consecuencia inmediata de esta situación es la proliferación de titulaciones privadas que, en ocasiones, no cumplen con los requisitos esenciales de formación, empleabilidad y reconocimiento profesional. Esto genera un perjuicio para el alumnado, que puede verse con un título que no goza de la misma legitimidad que uno otorgado por una Universidad pública o privada de reconocido prestigio. Asimismo, esta realidad impacta negativamente en la reputación del conjunto de la educación superior española, al proyectar la imagen de un sistema dual que funciona a dos velocidades y con criterios de evaluación dispares.
En esta ocasión todas las universidades serias, públicas y privadas, están de acuerdo en la necesidad de establecer unos requisitos de calidad para evitar que sigan floreciendo universidades que no reúnen los requisitos mínimos, compiten de forma desleal con las universidades que sí los cumplen y desprestigian al conjunto del sistema universitario español.
Se hace imprescindible una revisión profunda de los criterios de supervisión y acreditación de las universidades en España, algo que debería abordar el Decreto Ley que prepara el Gobierno. Resulta innegociable que, a la hora de juzgar la calidad de cualquier institución que ofrezca estudios de grado o posgrado, se apliquen los mismos estándares, sin importar si se trata de un centro público o privado. Solo así se logrará garantizar la excelencia académica, la validez de los títulos y la confianza de la sociedad en un sistema universitario que, en última instancia, debe aspirar a formar profesionales y ciudadanos con la capacitación necesaria para afrontar los desafíos del futuro.
Existen otros condicionantes diferentes de la calidad en el debate universidades públicas universidades privadas, algunos de ellos los abordaremos en esta misma columna la próxima semana.
Por. Miguel Barrueco, médico y profesor universitario
@BarruecoMiguel.
4 comentarios en «En defensa de la Universidad (primera parte)»
La universidad privada no regala los títulos, los vende (a los que más dinero tienen). Luego tendremos médicos analfabetos.
Bueno creo que todo este debate se terminaría si cada uno pudiese estudiar donde quisiera pero luego los exámenes los hiciese siempre la universidad pública todos pasasen a examinarse por los mismos examinadores es que es muy muy duro que el presidente del Gobierno te diga que las universidades privadas regalan títulos cuando él y muchos de su gobierno han estudiado en universidades privadas eso no es de cajón bueno si este cajón entendiendo que él sí conoce la materia será que a él también le han regalado algún título
Cuando eres médico de un hospital, público o privado, no te preguntan si tú título de medicina lo has sacado en una universidad pública o privada. Hay médicos que son muy buenos en su materia y al paciente no le importa si han estudiado en la pública o en la privada sólo que le curen. Debería de existir un control de acceso a las universidades, con nota de corte todos por igual (pública o privada). Así los futuros médicos de quieren estudiar medicina podrán elegir entre universidad pública o universitaria privada. Por desgracia muchos alumnos que quieren estudiar medicina no pueden optar a la universidad pública por el elevado nota de corte de la PAU y declinan x la privada que la nota de acceso es un poco más baja. Muchas universidad públicas se están perdiendo a alumnos que son brillantes académicamente x culpa de la nota.
El debate que quieren los políticos no tiene cavida en educación. Muchos de los políticos que están en el Congreso han estudiado en una universidad privada .
Estamos en una democracia todas las personas piensan libremente y eligen su bienestar social ,cultural y educativo (universidad pública o privada) . Nunca hay que imponer, esa etapa ya pasó.
Salamanca es una ciudad a su universidad pegada.
Las Universidades de Salamanca generan más del 60% de nuestra economía y sin embargo los salmantinos no invertimos en ellas…
Quizás tengamos que perderlas para después llorar…como siempre hacemos con lo que tenemos y hemos heredado.
Más apoyo a la Universidad de Salamanca y más apoyo a la Universidad Pontificia de Salamanca por parte de nuestras Instituciones…nuestro único verdadero motor de futuro.
¿Hablamos?