El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el traspaso de 40.000 viviendas de la Sareb —el conocido como «banco malo»— a una nueva empresa pública. El objetivo es destinarlas de forma «urgente» a alquiler asequible, con rentas que no superen el 30% de los ingresos de las familias.
«Lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para rescatar a las familias», ha declarado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras la reunión. La ministra ha insistido en que el Gobierno elige «salvar a las familias» y utilizar los activos financiados con dinero público para paliar la crisis de la vivienda.
La operación no solo incluye las 40.000 viviendas listas para su uso, sino también 2.400 parcelas de suelo con capacidad para edificar otras 55.000. El valor total de este lote se estima en 5.900 millones de euros. Según Rodríguez, el traspaso se realiza sin coste para el Estado, a través de una donación al Patrimonio del Estado, que a su vez lo cederá a la nueva empresa pública.
Esta medida materializa el anuncio que el presidente Pedro Sánchez hizo en enero y supone un paso clave para «reconstruir el parque público de vivienda». La Sareb fue creada en 2012 para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de la banca rescatada con fondos públicos. Ahora, el Ejecutivo busca darle una función social a ese patrimonio para devolverlo, en palabras del presidente, «a la gente».
