Cerdán pide salir de la cárcel

Su abogado denuncia que el exnúmero tres del PSOE sufre una "causa general" sin pruebas concretas
Santos Cerdán, en una sesión parlamentaria. (Archivo)

El abogado de Santos Cerdán, Benet Salellas, ha solicitado formalmente la puesta en libertad del ex secretario de Organización del PSOE, argumentando que se encuentra ante una «causa general» y una «investigación prospectiva» sin fundamentos sólidos. Según el recurso, las acusaciones siguen sin concretar en qué obras o adjudicaciones específicas habría participado Cerdán de forma delictiva.

El juez Leopoldo Puente ordenó su ingreso en prisión provisional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la trama de comisiones a cambio de contratos del Ministerio de Transportes. Sin embargo, la defensa insiste en que «no existe» material incriminatorio suficiente para justificar una medida tan severa.

El recurso, de 20 páginas, cuestiona el énfasis del juez en la relación de Cerdán con Servinabar, una pequeña empresa navarra de un íntimo amigo, Antxon Alonso, que obtuvo contratos públicos a pesar de su «nula experiencia». Aunque el juez ve una «vinculación inequívoca», la defensa replica que no hay pruebas para construir una acusación lógica a partir de esa relación.

Uno de los principales indicios es un documento privado hallado en casa de Alonso, fechado en 2016, que otorgaba a Cerdán el 45% de Servinabar por 6.000 euros. El abogado le resta toda validez, calificándolo de «borrador» que nunca se formalizó legalmente y que, por tanto, «difícilmente puede extraerse conclusión alguna del mismo».

El juez justificó la prisión por el riesgo de destrucción de pruebas, un argumento que la defensa considera que no cumple los requisitos legales ni constitucionales. Salellas denuncia que el Tribunal Supremo mantiene una perspectiva «netamente inquisitiva», interpretando los hechos siempre en contra del investigado.

El escrito también pone en duda la validez de los audios grabados por Koldo García e incautados por la Guardia Civil. La defensa sostiene que unas grabaciones «fragmentarias», realizadas por un «posible colaborador policial que acaba como coinvestigado», no son una prueba fiable para acordar una prisión provisional en un proceso democrático.

Durante su declaración en el Supremo, donde solo respondió a su abogado, Cerdán se declaró inocente y atribuyó su imputación a su papel como «arquitecto» del Gobierno de coalición. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tachó sus explicaciones de «pobres, sesgadas e incluso victimistas».

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