“No hemos eliminado ninguna, repito, absolutamente ninguna parada de autobús ni en el ámbito rural ni en ningún otro ámbito”. Así de contundente se mostró este miércoles el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso a petición del PP “para rendir cuentas por las constantes incidencias en la red ferroviaria y para dar cuenta de su gestión en relación al incremento de graves incidencias en aeropuertos, así como a la eliminación de paradas de autobús en la España rural”. No obstante, evitó hacer referencia a la situación ferroviaria porque, según defendió, ya realizó una comparecencia centrada en este tema en la Comisión de Transportes.
ICAL. Sobre el transporte en autobús, el ministro insistió en que “todas las paradas que dependen exclusivamente de una concesión estatal siguen en vigencia y prestando servicio, y en muchas ocasiones prestando el servicio que no prestan las líneas de competencia autonómica”. En este sentido, el dirigente socialista explicó que “el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantiza el mantenimiento de todas las paradas de líneas de autobuses interurbanas con el nuevo mapa concesional”, una circunstancia que, según subrayó, se ha comunicado a las comunidades en las diferentes reuniones que ha mantenido el Gobierno con las autonomías.
Para Puente, el nuevo mapa concesional de transporte por carretera “responde al compromiso firme de este Ministerio de asegurar un servicio eficiente optimizando los trayectos de largo recorrido entre comunidades autónomas y coordinando con las comunidades los servicios regionales de corto recorrido, dotando así de capilaridad la red y vertebrando el territorio”. Hay que recordar que la Junta de Castilla y León denunció que la implantación del nuevo plan supondría la supresión de 474 paradas de autobús en 346 municipios de la Comunidad.
Precisamente, para apoyar la gestión de los tráficos regionales, Puente recordó que su departamento ha ofrecido a las comunidades “una financiación extraordinaria de más de 40 millones de euros” con el objetivo de que desde sus competencias asuman los desplazamientos interurbanos y las rutas internas dentro de la propia comunidad. “Estos fondos destinados por primera vez de manera exclusiva para este fin serán calculados conforme a criterios objetivos que consideren la densidad, orografía y distribución poblacional de cada territorio”, aseveró el ministro que anunció que este proyecto “permitirá la rebaja en torno a un 20 por ciento de las tarifas; la reducción de los tiempos de viaje en desplazamientos entre comunidades, llegando a optimizar los recorridos hasta 20 minutos de media por ruta e incluso hasta tres horas de ahorro en alguno de sus trayectos; e incrementará la ocupación de los vehículos en un 40 por ciento, lo que repercutirá en menores emisiones por viajero, en torno a un 25 por ciento menos en este modo de transporte”.
El ministro consideró que el Estado debe canalizar “los grandes flujos de transporte en autobús, adaptándose a la demanda actual y haciendo más competitivo y más eficiente el transporte colectivo por carretera”, pero para ello el Gobierno requiere “la plena colaboración entre el Estado y las autonomías”. De esta manera, según Puente, “se asegura que la conectividad de la ciudadanía esté plenamente garantizada, manteniendo y mejorando la oferta disponible”.
Las comunidades, tal y como recordó el ministro, tienen hasta el 15 de septiembre para comunicar si se van a adherir o no a este nuevo mapa concesional. No obstante, hizo hincapié en que “si no se adhieren, el Estado seguirá prestando los servicios que deberían ser de competencia autonómica para evitar que se produzca cualquier pérdida de conectividad u oportunidades de viaje para la ciudadanía”. “Si responden de manera favorable y lo aceptan, lógicamente las autonomías recibirán la financiación adicional que el Gobierno de España se ha comprometido a aportarles”, resaltó.
