Tras el cambio de alcaldía el pasado 5 de agosto, el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Béjar, liderado por el PSOE, ha analizado la situación financiera municipal y ha detectado graves irregularidades de sus antecesores, del PP.
Durante esta revisión, se ha encontrado un número «significativo» de facturas de los años 2024 y 2025 que habían sido frenadas por el Interventor municipal mediante «reparos de legalidad».
Lo que el gobierno considera «especialmente grave» es que muchas de estas facturas corresponden a servicios prestados por empresas que no tenían contrato en vigor o que fueron adjudicadas sin seguir el procedimiento legal obligatorio.
«Esta práctica podría suponer una clara vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público», según indica el nuevo equipo de gobierno socialista, quien advierte de que «pagar servicios sin concurso, trocear contratos para evitar la licitación o abonar facturas al margen de la ley atenta contra la transparencia y la buena gestión del dinero público».
Añade que estas actuaciones podrían ser constitutivas no solo de infracciones administrativas graves, «sino también de posibles responsabilidades contables o incluso penales, como prevaricación o malversación de fondos públicos».
El gobierno municipal subraya que la ley (en concreto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal) obliga a todo cargo público a denunciar cualquier posible delito del que tenga conocimiento.
«El deber de denunciar no es una opción política, sino una obligación legal y moral», señalan. Advierten que el silencio o la inacción ante estas posibles ilegalidades supondría una «grave dejación de funciones» y una «posible connivencia» con actos que perjudican el interés general.
Ante la gravedad de los hechos, y para proteger los intereses del Ayuntamiento y sus ciudadanos, el grupo municipal considera que no puede permanecer inactivo.
Propuestas al Pleno
Por todo ello, el gobierno propondrá al Pleno municipal adoptar los siguientes acuerdos:
- Exigir un informe inmediato a los servicios económicos que detalle todas las facturas de 2024 y 2025 advertidas por el Interventor por falta de contrato, tanto si ya han sido pagadas como si están pendientes.
- Ordenar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que presenten una denuncia formal ante el Juzgado de Instrucción y la Fiscalía. Se aportarán todos los informes para que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades penales, contables o administrativas.
- Recordar a todas las autoridades y funcionarios municipales su obligación legal de comunicar cualquier irregularidad que detecten.
- Autorizar al alcalde para que contrate a los abogados necesarios para defender los intereses del Ayuntamiento en este proceso.
