Un hecho sin precedentes en la historia judicial española. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comenzado a ser juzgado este lunes por el Tribunal Supremo (TS) como presunto responsable de un delito de revelación de secretos, una acusación que él ha rechazado de plano. La derecha política, judicial y mediática logra, al menos, la pena de Telediario para el salmantino.
Al inicio del juicio, el presidente del tribunal preguntó directamente a García Ortiz, vestido de toga en el estrado: «¿Señor García Ortiz, se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?», a lo que él respondió con un rotundo «No».
El caso se centra en la supuesta filtración de un correo electrónico en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía haber defraudado a Hacienda. Tanto las acusaciones particular como popular —impulsadas, entre otros, por González Amador— solicitan para el Fiscal General penas de entre cuatro y seis años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación. La Fiscalía del Supremo, sin embargo, pide la libre absolución.
Denuncia de una «Instrucción Inquisitiva»
La Abogacía General del Estado, que ejerce la defensa del Fiscal General, ha solicitado la nulidad de todas las actuaciones al denunciar una «instrucción inquisitiva». La defensa argumenta que se han vulnerado los derechos de García Ortiz a un proceso justo, debido a una «idea preconcebida» de culpabilidad por parte de la instrucción.
Según la defensa, los elementos probatorios que favorecían a García Ortiz fueron «sistemáticamente minimizados o descartados de forma injustificada», mientras que las diligencias en su contra «se sucedían a gran velocidad».
Testigos Clave en la Mira
Para la jornada inicial de la vista oral, el Supremo ha citado a cuatro fiscales que estuvieron involucrados en la gestión del caso entre febrero y marzo de 2024. Entre ellos destaca Julián Salto, el fiscal de delitos económicos que se intercambió los correos con el abogado de González Amador.
También declararán la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra. Esta última advirtió a García Ortiz sobre la difusión por parte del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de que la Fiscalía había ofrecido un pacto. La discrepancia entre Lastra y el Fiscal General sobre el contenido de la nota de prensa de desmentido será uno de los puntos centrales del interrogatorio.
El juicio se extenderá hasta el 13 de noviembre, con la declaración del propio García Ortiz prevista para el día 12. Desfilarán por el Palacio de las Salesas (sede del Supremo) cerca de cuarenta testigos, incluyendo figuras políticas y periodistas. Por primera vez en la historia, el despacho del Fiscal General del Estado fue registrado por orden judicial en el marco de esta investigación.
? El paso de García Ortiz por el Supremo
- Hecho Histórico: El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es el primer titular de la Fiscalía en ser juzgado en el Tribunal Supremo (TS).
- Acusación: Presunta comisión de un delito de revelación de secretos.
- Objeto de la Filtración: Un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso) donde este reconocía el fraude a Hacienda.
- Posición del Fiscal General: Responde con un rotundo «No» al ser preguntado si se considera responsable de los delitos.
- Defensa y Nulidad: La Abogacía del Estado denuncia una «instrucción inquisitiva» y pide la nulidad de las actuaciones por vulneración del proceso justo.
- Peticiones de Condena: Las acusaciones particular y popular solicitan entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación. La Fiscalía pide la absolución.
- Fases del Juicio: La vista oral se extiende hasta el 13 de noviembre. Se prevé la declaración de unos 40 testigos, incluyendo fiscales superiores y figuras políticas como el jefe de gabinete de Ayuso.
4 comentarios en «La derecha consigue la pena de Telediario para el fiscal general»
Pues para ser inocente, se preocupó demasiado de hacer desaparecer su móvil y sus email justo cuando le iban a investigar. Si no tenía nada que ocultar… habría actuado de otra manera.
Y si tengo conversaciones privadas íntimas que pueden salir a la luz por una falsa acusación de revelación de secretos que pueden ser publicadas y causar daños a otras personas que nada tienen que ver. Hay tantas razones como conversaciones haya o hubiera en el móvil para borrarlas. Además de temas profesionales ajenos al caso que nadie debe de conocer por seguridad de Estado. Es tan de sentido común que no se puede presentar como prueba acusadora
No se puede dar por hecho que el contenido del movil o email vaya a salir a luz, en este país hay garantías y responsabilidades de custodia, que el FGE debe conocer y hacer cumplir. Si no, bajo ese pretexto, a nadie se le podría investigar nada porque los investigadores podrían conocer y difundir datos personales.
Quizá “se cree el ladrón…”, ya que precisamente a él se le está investigando por la presunta filtración de datos.
Lo que es de sentido común es que el FGE (una de las figuras más importantes del estado en materia jurídica) debería dar ejemplo y facilitar las investigaciones judiciales, no entorpecerlas eliminando posibles pruebas.
Pedir seis años para el Fiscal, y para el queridito de Ayuso se dupliclara,falsificar facturas,engañar al fisco de continuo, será más grave,esperemos que pague y que cumpla con cárcel,como sería para cualquier ciudadano