En los últimos tiempos el debate sobre el dinero físico, los billetes que llevamos en el bolsillo ha tomado relevancia especialmente con el incremento de los pagos electrónicos. Algunos sectores se muestran rotundamente en contra de la idea de prescindir de ese dinero físico, argumentando que su desaparición podría generar problemas de privacidad y supuesto control de un ente supranacional malvado -¿alguien duda que estamos totalmente controlados sin meter al dinero por medio?-.
Sin embargo, querido lector la oposición al dinero y/o pagos digitales no nos favorece en nada a la mayoría de los ciudadanos. Los únicos favorecidos por el uso del dinero convencional son aquellos que operan en la economía informal, vamos que cobran y pagan en negro, que tienen ingresos no declarados o ingresos que vienen de actividades ilícitas.
El dinero físico es un tipo de dinero, que no deja rastro y permite a los involucrados en actividades como el contrabando, la venta ilegal de productos, el lavado de dinero o el cobro y pago de bienes y servicios sin pagar impuestos, ocultar sus transacciones sin la posibilidad de ser rastreados por las autoridades fiscales.
Cuando se favorece la digitalización total de las transacciones monetarias, los individuos que operan con dinero negro pierden una herramienta clave para mantener el anonimato. Las transacciones electrónicas son rastreables y la hacienda pública tiene mayores capacidades para identificar y controlar el flujo de dinero.
Es por ello que aquellos involucrados en actividades ilegales suelen resistirse a la desaparición del dinero físico, ya que les quita una capa de protección frente al control gubernamental y lo más importante: se ahorran pagar los impuestos, tan necesarios para el mantenimiento de nuestro Estado del Bienestar y nuestros Servicios Públicos.
No soy desconocedor de que el dinero físico sigue siendo una forma accesible de pago para una amplia parte de la población, especialmente en regiones donde el acceso a la tecnología es limitado. Además, no todas las personas tienen acceso a servicios bancarios o a dispositivos que les permitan realizar pagos electrónicos.
En este sentido, los pagos en efectivo permiten que una parte de la ciudadanía mantenga su capacidad de participar en la economía. Así pues, no soy partidario de la desaparición total del dinero físico, fundamentalmente por una razón de justicia con los que no pueden acceder a estos sistemas, y que generaría otra nueva forma de exclusión social sobre ellos.
Pero lo que sí que está claro es que la oposición numantina al dinero digital, lejos de ser un planteamiento que protege al ciudadano común solo beneficia a aquellos que operan habitualmente con dinero negro.
La desaparición del dinero en efectivo reduciría las posibilidades de anonimato y facilitaría el control sobre los pagos y cobros, afectando principalmente y de forma negativa a quienes operan fuera del sistema formal, se ahorran impuestos y encima nos quieren convencer de que es lo mejor para nosotros. Vamos, como reza el título de esta columna: soberanía financiera para pobres…
