La Plaza Mayor de Salamanca ha acogido este lunes a las 12:00 horas una concentración convocada por diferentes colectivos sociales como Stop Desahucios Salamanca, la asociación Yayo Gaitas Salamanca, Podemos o CGT entre otras, para reclamar soluciones ante la situación de la vivienda y el fin de la moratoria de desahucios y la defensa de pensiones dignas. Los participantes han pedido medidas urgentes para garantizar alternativas habitacionales a las familias vulnerables y reforzar el parque público de vivienda y las pensiones públicas.
Durante la concentración, los convocantes han advertido de que Salamanca se encuentra entre las veinte capitales de provincia con el precio por metro cuadrado más alto en vivienda de segunda mano.
Además, han señalado que la provincia es la tercera de España con mayor diferencia de precios entre el entorno urbano y el rural, con una brecha del 115%, solo por detrás de Madrid y Álava. «Si con unos ingresos mileuristas mi renta es de 600, ¿qué dinero me queda para comer y para vivir?», reclamaba María Isabel González Martín, de la plataforma Stop Desahucios Salamanca.
Según los datos expuestos en la nota de prensa leída durante el acto, «con el importe necesario para adquirir un piso de segunda mano en la capital salmantina se podrían comprar dos viviendas en el medio rural o una de superficie doble», lo que, a su juicio, «refleja el desequilibrio territorial y las dificultades de acceso a la vivienda en la ciudad».
María Isabel González Martín explicaba «el fallo estructural» que supone «utilizar un paquete global de pensiones, servicios básicos y vivienda para beneficiar a unos y atacar a otros», reclamando medidas de protección. «El Gobierno está para proteger a los ciudadanos, no para ir al Congreso» reclamaba.
Los colectivos también han centrado parte de sus críticas en la finalización de la moratoria de desahucios aprobada durante la pandemia, una medida que, según han recordado, protegía a más de 70.000 familias en el conjunto del Estado.
Consideran que su decaimiento deja nuevamente expuestos a miles de hogares a procedimientos de desahucio y a posibles cortes de suministros básicos. «Esperamos que se reactive el escudo social esta semana para paralizar los desahucios, pero la gran cantidad de gente en vulnerabilidad está quedando totalmente desprotegida, son 70.000 familias a la calle» explicaba María Isabel.
En este contexto, han reclamado que no se ejecute ningún desahucio sin alternativa habitacional, que se adopten medidas frente a la especulación y que se impulse de manera urgente la ampliación del parque público de vivienda.
Los participantes han defendido que el acceso a una vivienda digna es un derecho básico y han instado a las administraciones a reforzar las políticas públicas en esta materia, junto a garantizar la viabilidad de las pensiones públicas para presente y futuro.
