El Ejecutivo de Pedro Sánchez da un paso decisivo en su estrategia de transparencia. El Consejo de Ministros aprobará este martes una medida de calado: ningún medio de comunicación podrá recibir más del 35% de sus ingresos totales de la publicidad institucional.
Esta limitación, que ya se aplica en Castilla y León desde el año pasado por parte de la Junta, ha sido confirmada por fuentes del Ministerio de Transformación Digital y busca reducir la dependencia financiera de los medios respecto al dinero público.
La iniciativa forma parte del Plan de Acción por la Democracia lanzado tras el periodo de reflexión del presidente en abril de 2024, cuando denunció la existencia de una «máquina de fango» contra él y su entorno.
Con esta nueva Ley de Publicidad del Sector Público, el Gobierno no solo limitará las cuantías, sino que obligará a todas las administraciones (desde el Estado hasta el ayuntamiento más pequeño) a publicar cuánto invierten y en qué soportes.
Además, la norma exigirá que todos los medios hagan pública su estructura de propiedad. El objetivo es que los ciudadanos sepan quiénes son los dueños de lo que leen u oyen para identificar posibles conflictos de intereses.
Con este movimiento, España adapta su legislación a la normativa europea de Libertad de los Medios, en un intento por combatir la desinformación y el uso fraudulento de la inteligencia artificial en el ecosistema informativo.
