Las calles de Valladolid fueron el sábado -21 de marzo- un poco de todos los castellanos y leoneses, y en ellas se ha escuchado una voz que clamaba por la defensa de la Sanidad Pública, oponiéndose a su destrucción y privatización encubierta.
Los partidos políticos progresistas, sindicatos de clase, colectivos ciudadanos y Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública han plantado cara a un modelo de gestión que amenaza con liquidar uno de nuestros mayores pilares de bienestar e igualdad social.
Lo qué se plantea no es una queja aislada, sino un hartazgo estructural. Las plataformas convocantes y los miles de ciudadanos -muchos de ellos desplazados en autobuses desde distintos puntos de nuestra Comunidad Autónoma- han puesto sobre la mesa una realidad innegable: el desmantelamiento progresivo y la privatización encubierta de la Sanidad en nuestra comunidad en manos de la Junta de Castilla y León.
Los datos que manejan los organizadores, y que se han denunciado a las puertas de la Consejería de Sanidad, son profundamente preocupantes. Hablamos de una escasez crónica de profesionales, con un déficit evidente de enfermeras y enfermeros en la región y plantillas médicas envejecidas donde uno de cada tres facultativos supera los 55 años.
Para un salmantino, esto no son meras estadísticas sin más. Son las listas de espera interminables, es el peregrinaje forzoso para conseguir una cita con el especialista y es la nefasta atención sanitaria en nuestros entornos rurales. En una provincia como la nuestra, con una dispersión geográfica mayúscula, la falta de médicos de Atención Primaria y de pediatras vacía los pueblos más rápido que la falta de empleo. Un consultorio cerrado es, a efectos prácticos, la sentencia de muerte de un municipio.
Las reivindicaciones escuchadas en Valladolid son de un sentido común aplastante: un máximo de dos días de espera en Atención Primaria, un mes en atención especializada, refuerzos urgentes de plantillas, especialmente en las zonas rurales más castigadas, y la integración real y efectiva de la salud mental, la fisioterapia y la odontología en la cartera pública. Reivindicaciones perfectamente asumibles para una sanidad regional que destina cantidades ingentes de dinero a financiar la sanidad privada vía derivaciones -¿A alguien le suenan empresas como Quirón?-.
Resulta imposible desvincular esta ‘marea blanca’ del inminente calendario político. A apenas tres semanas de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, la calle envía un mensaje meridiano al Gobierno autonómico y a todos los candidatos políticos, como bien han recordado los portavoces de las plataformas: los ciudadanos sufren las carencias del sistema a diario, no solo en campaña electoral.
Es inaceptable la normalización de un sistema que empuja a la población a un ‘doble pago’: tributar por unos servicios públicos mermados y verse abocados a contratar pólizas privadas -una realidad para uno de cada cuatro castellanos y leoneses- por pura desesperación o necesidad.
Por supuesto que la UGT de Salamanca estuvo el sábado allí -junto a partidos políticos salmantinos y otros sindicatos-, manifestando nuestra voluntad de defensa a ultranza de la Sanidad Pública, porque estamos convencidos de que es un eje vertebrador de nuestro estado del bienestar.
Personalmente eché en falta a alguna de las plataformas provinciales, en un día de reivindicación como el del sábado. Ellas tendrán que explicar donde corresponda su implicación con la Sanidad Pública, a la que supuestamente defienden.
Estoy convencido de que la salud de nuestra provincia depende de que se frene este deterioro continuo. El sábado se gritó en Valladolid, pero el eco debe mantenerse vivo en cada rincón de Salamanca no solo de cara a las urnas sino más allá. Porque, como ha quedado claro: la Sanidad Pública no se vende, se defiende.
Literal: nos va la vida en ello.
