La Comisión de Transparencia de Castilla y León ha remitido dos requerimientos al Ayuntamiento de Retortillo para que cumpla varias resoluciones relacionadas con solicitudes de acceso a información pública sobre la empresa Berkeley Minera.
Según se ha comunicado, la alcaldesa del municipio ha recibido dos notificaciones en las que se insta al consistorio a ejecutar, en un plazo máximo de quince días, las resoluciones consideradas de obligado cumplimiento. En ellas se solicita que el Ayuntamiento remita el acto administrativo que acredite que la información requerida ha sido facilitada al interesado en los términos establecidos por la Comisión de Transparencia.
Las solicitudes de información que dieron origen a estas resoluciones fueron presentadas ante el Ayuntamiento los días 22 de agosto de 2023 y 23 de noviembre de 2023. En ellas se pedía, por un lado, la relación de pagos e ingresos del consistorio relacionados con Berkeley Minera, junto con los justificantes correspondientes, y por otro el acceso a un expediente sancionador por una presunta infracción urbanística incoado a esta empresa en 2017.
La Comisión de Transparencia recuerda en su requerimiento que las resoluciones adoptadas son firmes, al no haberse presentado recurso contencioso-administrativo contra ellas. Por este motivo, el Ayuntamiento de Retortillo está obligado a comunicar al órgano autonómico, dentro del plazo establecido de quince días, el cumplimiento de lo dictado en dichas resoluciones.
El activista Jesús Cruz Fernández, vinculado a la oposición al proyecto minero en la zona y fundador de la plataforma STOP Uranio, ha denunciado públicamente la situación y ha criticado que el consistorio no haya facilitado hasta ahora la información solicitada.
En sus declaraciones, considera “alarmante y antidemocrático” que una institución pública no facilite información solicitada por la ciudadanía, especialmente cuando se trata de documentación relacionada con una empresa implicada en un proyecto tan controvertido como la mina de uranio proyectada en la zona.
Asimismo, el activista ha solicitado la intervención del Procurador del Común de Castilla y León, a través de la Comisión de Transparencia, para que en caso de que persista el incumplimiento se adopten medidas y posibles sanciones contra los responsables de la administración municipal.
La Comisión de Transparencia deberá ahora comprobar si el Ayuntamiento de Retortillo cumple con los requerimientos dentro del plazo establecido y si se facilita finalmente la información solicitada en las resoluciones.
