Los procuradores de las Cortes de Castilla y León con dedicación exclusiva, aquellos que perciben una remuneración fija del Parlamento diferente al sistema de dietas, estrenarán en la próxima legislatura el nuevo régimen de incompatibilidades. Una regulación que les impedirá prestar servicios de asesoramiento, defensa o dirección ante organismos o entidades públicas, así como ser contratista de la administración, entre otras actividades.
iCAL. El nuevo régimen, diferente al vinculado a la figura de procurador que recoge la ley electoral, establece las actividades públicas o privadas que estarán “prohibidas” para aquellos parlamentarios con dedicación exclusiva, así como las que se podrá ejercer. Para ello, sigue el modelo previsto en las Cortes Generales para diputados y senadores con el fin de garantizar la seguridad jurídica.
De esta forma, las Cortes reconocen como incompatible con la dedicación exclusiva el ejercicio de la función pública retribuida -sueldo, salario o arancel- o de cualquier puesto al servicio de órganos constitucionales o estatutarios de las administraciones, sus empresas o aquellas que tengan participación pública. También se incluye la percepción de pensiones de derechos pasivos.
Igualmente, no se permitirá tener una dedicación exclusiva y desempeñar actividades de “gestión, defensa, dirección o asesoramiento” ante órganos o empresas públicas en asuntos que deban resolverse por ellos, ya sea algún servicio, subvención o aval, ni tampoco prestar estos servicios a entes del sector público -local, autonómico o nacional-. No obstante, se exceptúan las actividades particulares vinculadas a un derecho reconocido por ley.
El nuevo régimen también recoge, , según la Agencia Ical, como incompatible ser contratista o fiador de obras, servicios o suministros, así como el desempeño de funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en empresas o sociedades vinculadas a monopolios, y adquirir, con posterioridad a ser procurador, salvo que fuera por herencia, más del diez por ciento de la participación en empresas que tengan contratos de obras, servicios o suministros con la administración.
Además, se prohíbe de forma expresa ser presidente del consejo de administración, consejero, administrador, director general o gerente en entidades de crédito o aseguradoras, así como prestarle servicios.
Igualmente, las Cortes reconocieron el año pasado la compatibilidad de la dedicación exclusiva con la administración del patrimonio personal o familiar, aunque prevén limitaciones si existen conciertos o contratos con la administración. También se admitió ser miembro en tribunales o comisiones calificadoras, la producción artística o científica, la participación “ocasional” en foros o la titularidad de plazas docentes o investigadoras de carácter universitario si se ejercen a tiempo parcial.
Además, los que decidan emprender una actividad diferente a las previstas por las Cortes, deberán recibir una autorización previa, enfrentándose a la pérdida de la dedicación exclusiva, y, por tanto de la remuneración, si se incumplen estas normas. Fuera de las prohibiciones se quedan los cargos internos en partidos, sindicatos, organizaciones, colegios profesionales u órdenes religiosas o deportivas, siempre que no se cobre por ello. También se podrá ser alcalde o concejal de municipio de menos de 20.000 habitantes y diputado provincial si no se tiene una dedicación exclusiva o senador, si se opta por la remuneración de las Cortes.
La Mesa de las Cortes aprobó en octubre pasado las normas que completan un desarrollo que estaba pendiente desde 1983 del Reglamento de la cámara, partiendo de lo establecido en los artículos ocho (asignaciones económicas de los procuradores) y 31.1 (régimen de retribuciones e incompatibilidades).
Hasta ahora, el Reglamento de las Cortes sólo establecía la dedicación exclusiva para el presidente, si bien al inicio de cada mandato se fijaban unas liberaciones que incluían a los miembros de la Mesa y direcciones de los grupos. En la anterior legislatura, se acordaron 19, en concreto siete del PP, seis del PSOE, tres a Vox, dos a UPL-Soria-Ya y una al Mixto, más las seis de los miembros de la Mesa.
