El Gobierno aprobó este martes, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para incluir en ella la vertiente prestacional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), tras incorporar algunas aportaciones del Consejo de Estado. Ahora, se trasladará a las Cortes para su tramitación.
Servimedia / ICAL.- Así lo anunció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta reforma se aprueba en segunda vuelta después de que ya se aprobase en octubre de 2025 y se solicitase al Consejo de Estado la emisión del dictamen preceptivo sobre la propuesta, recibido en el Gobierno el pasado 9 de marzo.
El proyecto de reforma incorpora las mejoras del Consejo de Estado y propone añadir un apartado 4 al artículo 43 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.
Esta nueva redacción constitucionaliza “con claridad” la vertiente prestacional del derecho al aborto, al tiempo que la libertad de decisión de la mujer queda protegida por los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estableciendo que los poderes públicos deben garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad real y efectiva.
Esta previsión se incluye en consonancia con el artículo 9.2 de la Constitución y con el objetivo principal de asegurar la igualdad en el ejercicio del derecho a la IVE en todo el territorio nacional. A partir de este momento, la reforma impulsada por el Gobierno seguirá los cauces establecidos, conforme a lo previsto en el artículo 167 de la Constitución, y requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado.
En caso de desacuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. De no lograrse, el texto podría aprobarse por mayoría de dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
Así pues, con esta reforma constitucional, el derecho al aborto de las mujeres queda “blindado”, con la obligación, indisponible para los poderes públicos, incluido el legislador, de “garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas”.
Redondo celebró que España avanza así en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su “necesaria protección” frente a dinámicas regresivas y la actual “ola reaccionaria” de la ultraderecha.
La ministra también reivindicó la aprobación de esta reforma por “coherencia, responsabilidad institucional y defensa de los derechos de las mujeres” y aseguró que se pretende blindar “lo que está en riesgo”, que es la prestación pública del derecho al aborto.
“Acuerdos de calado”
Sobre la dificultad política para que salga adelante esta reforma, Redondo aseguró que existe “capacidad” política para alcanzar “acuerdos de calado”. Asimismo, explicó que la prioridad inicial ha sido presentar un texto “jurídicamente sólido avalado por el Consejo de Estado” y el siguiente paso será “abrir el diálogo con el Partido Popular y con las comunidades autónomas para buscar el mayor consenso posible”.
Redondo también defendió que esta reforma responde a “la voluntad mayoritaria de la ciudadanía” y a hacer frente a ideas de partidos políticos como Vox, que quieren erradicar el aborto, y a actitudes como la de la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, que se niega a aplicar la ley del aborto.
Finalmente, la ministra cree que el PP “tendrá muy presente lo que se juega” con esta reforma, que son los “derechos de las mujeres” y le retó a situarse: “Tiene que ver a quién se debe, a sus ideas o a sus mujeres”. Redondo confía en el dialogo con el PP por ser un partido “constitucionalista”.
Sobre la posible influencia de las elecciones andaluzas en el debate de esta reforma, Redondo defendió que la acción legislativa “no puede quedar supeditada a una sucesión constante de campañas electorales”. Este proyecto ha sido aprobado en el Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios de Igualdad, de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Sanidad.
