El magistrado José Luis Calama cita a declarar al exlíder del PSOE el próximo 2 de junio por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. La investigación sostiene que Zapatero y sus hijas percibieron cerca de dos millones de euros en comisiones ilícitas a cambio de lograr resoluciones administrativas favorables, como el polémico rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea.
La «estructura estable»
La Audiencia Nacional ha dado un vuelco histórico a la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El juez José Luis Calama ha imputado formalmente al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al considerarlo el cabecilla de una «estructura estable y jerarquizada» dedicada al tráfico de influencias.
Según detalla el auto judicial de 85 páginas, cuyo secreto de sumario se ha levantado este martes, el exsecretario general del PSOE puso sus contactos personales y su acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros para conseguir decisiones públicas a la carta. La resolución llega acompañada de registros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la oficina del propio expresidente y en varias sociedades vinculadas a la red.
El fraude y los pagos
La investigación cifra en 1.948.857 euros el montante total que habrían percibido el expresidente y su entorno familiar a través de contratos de asesoría y consultoría ficticios. El dinero se habría repartido de la siguiente manera:
- José Luis Rodríguez Zapatero: 1.525.078 euros recibidos de forma directa.
- Laura y Alba Zapatero Espinosa (hijas del expresidente): 423.779 euros canalizados a través de su agencia de comunicación, Whathefav S.L.
Los fondos procedían principalmente de la red societaria del empresario Julio Martínez Martínez (amigo íntimo de Zapatero e intermediario de la trama), del lobby pro-China Gate Center y del grupo Thinking Heads. El juez sostiene que estas mercantiles funcionaban como sociedades instrumentales para triangular los pagos y ocultar el destino final del dinero mediante el uso de testaferros.
El rescate bajo sospecha
El origen de la causa se centra en los 53 millones de euros de dinero público que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el 9 de marzo de 2021 para rescatar a Plus Ultra durante la pandemia. Aunque la aerolínea intentó abrir una vía de influencia a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el juez señala que fue la línea de Zapatero la que fructificó. La red disponía de tal acceso a información privilegiada que sus miembros se felicitaron por la concesión de la ayuda semanas antes de que fuera aprobada de forma oficial por el Consejo Gestor.
La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF sostienen que la aerolínea utilizó esos fondos públicos para blanquear dinero procedente del contrabando de oro venezolano y de la malversación de ayudas sociales en el país latinoamericano. Además, la trama extendió sus tentáculos a nivel internacional, operando en Venezuela para asegurar los permisos de vuelo de la compañía ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).
Conexión internacional y ‘off-shore’
El magistrado también destaca la creación de estructuras fiduciarias en el extranjero para el cobro de las comisiones. Siguiendo instrucciones directas de Zapatero, se constituyó en Dubái la sociedad off-shore Landside, participada por la firma Idella Consulenza Strategica. Esta última había firmado un contrato con Plus Ultra para percibir el 1% del rescate (530.000 euros). Para el tribunal, la coincidencia de fechas y la falta de pagos en España evidencian que la estructura en Emiratos Árabes se diseñó expresamente para desviar los fondos opacos.
Los implicados
El juez Calama detalla un reparto de tareas milimétrico dentro de la organización para maximizar la eficacia de las gestiones. Junto al expresidente, la resolución señala a figuras clave en la gestión cotidiana:
- Julio Martínez Martínez y Manuel Aaron Fajardo: Intermediarios directos con los clientes. Martínez era el enlace habitual al que Zapatero transmitía las órdenes.
- María Gertrudis Alcázar (secretaria de Zapatero) y Cristóbal Cano: Encargados del control operativo e interno de la red.
- Cúpula de Plus Ultra: La policía ya detuvo el pasado diciembre al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y al consejero delegado, Roberto Roselli.
Claves del caso: ¿Qué debes saber?
- La imputación histórica: José Luis Rodríguez Zapatero se convierte en el primer expresidente del Gobierno de la democracia española citado a declarar como imputado. Cita programada para el próximo 2 de junio.
- Los delitos: Se le investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. El juez aprecia indicios también de blanqueo de capitales.
- El botín familiar: La trama desvió supuestamente cerca de 2 millones de euros al expresidente y a la agencia de comunicación de sus dos hijas (Whathefav S.L.) mediante contratos de asesoría falsos.
- El origen del dinero: Los fondos bajo sospecha parten del rescate de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021. La policía cree que la aerolínea usó la ayuda pública para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas en Venezuela (contrabando de oro y desvío de fondos sociales).
- La red ‘off-shore’: La Audiencia Nacional constata la creación de empresas pantalla en Dubái para cobrar comisiones del 1% del total del rescate, esquivando los controles fiscales españoles.
