Hace pocas semanas, un juzgado de Sepúlveda (Segovia) ha encargado a la Guardia Civil investigar la demolición de un azud y una presa en el río Cega, que ha supuesto un grave daño al medio ambiente y al patrimonio histórico, según denuncian vecinos de la zona y ecologistas. Responsable: la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que lleva muchos años intentando acabar con este tipo de obras hidráulicas en toda la cuenca con el fin de recuperar un imaginario «estado natural» de los cauces. Cabe esperar que el juez ordene la reposición de lo destruido, si es posible.
La noticia nos lleva de inmediato a recordar el caso de la pesquera de Tejares, donde también los vecinos hubieron de recurrir a la justicia para conservar la pesquera y hacer frente a los descabellados planes del ayuntamiento y de su cómplice, la CHD. Unos planes en los que se dilapidaron muchos recursos, causando de paso penalidades al vecindario.
Cuando hace bueno, como ahora, mucha gente viene a andar o correr por aquí, los turistas se hacen selfies, los niños navegan en canoas y algunos perros llevan a pasear a sus cerdos amos (aludo a esos que dejan los excrementos sin recoger, son los menos). Un panorama muy atractivo, que podría ser casi idílico si se hubiera conservado la fauna anterior a la rotura de la pesquera, cuando había abundantes garcetas, cormoranes, ánades, almejas de río, cangrejos, etc. Casi nada de eso existe ya. Por eso difícilmente la antigua fábrica de luz, ahora en ruinas, podrá ser un observatorio de aves, como pretende el consistorio.
La historia es muy larga. Empieza en 2008 con un error garrafal del Ayuntamiento al que siguieron otros durante más de 10 años. Hablamos de la construcción del parque de vehículos de la basura junto al río y a una zona urbanizable, algo a lo que ya se opusieron los vecinos. Luego la CHD multó al Ayuntamiento con 30.000 euros por hacer la obra sin permiso y en un terreno supuestamente inundable. Es entonces cuando a algún ‘ingeniero’ municipal se le ocurre la genial idea de eliminar el azud para conjurar el peligro de inundación, algo que acaba avalando la CHD. Se trataba de desviar el caudal del río hacia la ribera derecha, dejando el cauce seco en la otra zona, la que da al barrio, donde se construiría una escollera de 263 m. El coste total de la obra, encargada a FCC, empresa favorita del gobierno local, se acercaba al millón de euros.
De nada servía que el Plan de Ordenación Urbana fijara como criterio vinculante la conservación de molinos y aceñas y la recuperación de las riberas en todo el término, o diera protección a la pesquera de Tejares por su valor etnológico, relacionado con el molino harinero donde se cree que nació el Lazarillo y con la antigua vida popular de la zona (lavanderías, baños, pesca, barcas…). La solución fue muy burda: de un día para otro el ayuntamiento hizo desaparecer la ficha de protección que había en el PGOU (la EE-11).
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Las obras de demolición del azud empiezan a principios de 2011, pero son paradas cautelarmente tras la denuncia judicial de los vecinos y algunas asociaciones, que hubieron de depositar 10.000 euros como fianza. Sin embargo, FCC ya había abierto un boquete de unos 10 m. en la pesquera, lo que alteró gravemente el flujo del Tormes. En el lado sur, junto al barrio, el cauce quedó seco, dejando a la vista escombros y basuras; la fauna desapareció y parte de la vegetación se secó. Un panorama lamentable que duró casi tres años. Finalmente una nueva resolución judicial ordenó al Ayuntamiento reconstruir la pesquera. Ante la tardanza municipal, a finales de 2013 un grupo de vecinos intentó taponar el boquete, primero poniendo sacos terreros y luego echando otra vez al río los escombros producidos por la rotura. Sin éxito. En la segunda ocasión apareció de inmediato la Guardia urbana que ordenó parar y puso una denuncia.
Y aquí llegamos a un episodio digno de figurar en una antología del atropello y la arbitrariedad administrativa. Por esos intentos fallidos de taponar la pesquera la Comisión de urbanismo multa a cuatro vecinos y a una asociación (TormeSos) por supuesta “realización de obras sin licencia”. Un total de 7.520 euros, con los recargos, que se sufragaron gracias a las aportaciones solidarias de los vecinos y de los empresarios del barrio. De nada sirvió apelar al Ayuntamiento esa resolución sin pies ni cabeza: sin duda se quería castigar a un vecindario que, para defender su barrio, no dudó en enfrentarse a él con movilizaciones, pliegos de firmas, pancartas y costosos recursos judiciales. (No en balde se denomina «El Castigo» el paraje donde ocurren los hechos).
Fue una resolución injusta tomada a sabiendas de que lo era; dicho de otro modo: fue prevaricación, como tuve ocasión de decir ante el pleno del Ayuntamiento en diciembre de 2013, tras pedir permiso para intervenir al final, junto con otro vecino. El alcalde Fernández Mañueco me retiró la palabra sin que pudiera terminar mi acusación, pero dicho quedó, y al salir él y yo tuvimos unas palabras cuyo contenido omito en aras de lo políticamente correcto. (Por cierto, en ese momento aun lucía la efigie de Franco en una pared del salón de plenos, semejante a la del medallón de la plaza Mayor.)
(La historia no acaba aquí, pero dejamos para otra ocasión las secuelas. Anticipemos solo que hasta 2019 no se recuperó totalmente la pesquera y que en 2022 el ayuntamiento, de nuevo por orden judicial, empezó a desalojar el Parque de vehículos de limpieza y basuras, que fue el origen de esta desastrosa historia).
