Si el suscrito este miércoles en Castilla y León fuera el primer pacto de gobierno perpetrado entre PP y Vox en España, tendríamos que llevarnos las manos a la cabeza, dado el sesgo ultraconservador y xenófobo que rezuma el acuerdo. Pero, tras los firmados hace nada en Extremadura y Andalucía y, el suscrito en nuestra comunidad autónoma hace cuatro años, a estas alturas estamos más que curados de espanto.
De modo que no vamos a rasgarnos las vestiduras ante las políticas que se disponen a compartir un partido de derecha extremada, como ha sido siempre el PP, con la ultraderecha patria añorante del franquismo que representa Vox, que sigue ganando su antediluviana batalla cultural a la llamada por Santiago Abascal “derechita cobarde”, que en realidad es la derechona de toda la vida.
Sentado lo anterior, tras el documento firmado entre el presidente regional del PP y de nuevo candidato a la investidura, Alfonso “Fonsi” Fernández Mañueco, y el actual vicario político de Abascal en Castilla y León, Carlos Pollán, Castilla y León regresa al túnel que supuso el “bienio negro” durante el que ambos partidos compartieron el poder en la Junta los dos primeros años de la anterior legislatura. Con dos particularidades.
La primera es que Vox ha ido aprendiendo a hacer política y, a diferencia del pacto anterior, que fue una improvisada chapuza, ha afinado lo suyo para evitar que el resabiado PP le tome el pelo. Y la segunda es que, en lugar del estrafalario vicepresidente de entonces, Juan García-Gallardo-Frings, ahora tiene como cabeza visible a un tipo, Carlos Pollán, que, compartiendo el mismo ideario ultra, no se conduce por la política soltando exabrupto tras exabrupto. Lo cual le hace bastante más preocupante.
Xenofobia para dar y tomar.- Lo de la “prioridad nacional” colocado por Vox como frontispicio de su programa ha acabado siendo un trampantojo que no significa nada, ya que una Administración Pública, en este caso la Junta, no puede vulnerar la ley discriminando a ciudadanos residentes en España con todos sus derechos por el mero hecho de no tener la nacionalidad española. El problema no radica ahí.
El problema es que el PP ha cedido a Vox competencias que permiten a la ultraderecha poner en práctica sus políticas xenófobas. Es el caso de la competencia en materia de inmigración, que ha ido a parar a una consejería titulada de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales que va a estar en manos del mencionado Pollán, a la sazón nuevo vicepresidente primero de la Junta, quien en su comparecencia de ayer subrayó en dos ocasiones la puesta en marcha desde la Junta de un “plan de choque” contra la política migratoria de Pedro Sánchez.
Y como muestra del “rechazo expreso” a dicha política del gobierno socialista, el pacto PP-Vox contempla, entre otras medidas, la negativa a partir de ahora a acoger a ningún menor extranjero acompañado (ni un MENA más), la negativa a ampliar los actuales centros de acogida a “inmigrantes ilegales” o la supresión total de las ayudas a las ONGs “que favorezcan la inmigración ilegal” (¿incluirá esto último, por ejemplo, a Caritas?). Y todo lo anterior al mismo tiempo que se anuncia la “congelación al mínimo de la cooperación internacional al desarrollo”.
El sesgo xenófobo no queda ahí, ya que, además de prohibir el uso del burka y del nicab en espacios públicos, en el capítulo dedicado a la Educación se rechaza expresamente la “enseñanza de la lengua árabe y de la cultura marroquí”, lo cual supone una discriminación a toda la población de origen árabe y en especial a la procedente del país vecino del sur.
En otro orden de cosas, el pacto, desarrollado en 62 folios, no menciona en ningún momento al Diálogo Social -otrora una «seña de identidad» de esta comunidad autónoma-, pero sí a los agentes sociales (sindicatos y organizaciones empresariales), citados en el epígrafe relativo al «gasto superfluo» para anunciar la reducción al 50 por ciento de las subvenciones que han venido percibiendo. Vuelta a las andadas que también se produce al repescar el proyecto de “Ley de Concordia” destinado a derogar la normativa autonómica en materia de Memoria Histórica (un decreto promulgado en su día por el gobierno de Juan Vicente Herrera) iniciativa incluida en el pacto del 2022 que, inmediatamente después de que Vox abandonara la Junta, el PP envió a la papelera.
Una undécima consejería creada “de extranjis”.- Si Vox ha impuesto sus principales exigencias (únicamente cae en el olvido el engendro de la llamada Ley de Violencia Intrafamiliar), el PP ha aprovechado para adjudicarse “de extranjis” una nueva consejería no reconocida como tal, vulnerando groseramente la limitación de un máximo de 10 consejerías contemplada en la vigente Ley de Gobierno de la Comunidad.
En un fraude de ley como la copa de un pino, y a diferencia de lo que rige para la vicepresidencia primera, el pacto de gobierno no reconoce como consejería propia el conjunto de competencias adscritas a la vicepresidencia segunda, que no son cualquier cosa: Vivienda, Ordenación del Territorio, Protección Civil, Despoblación e Igualdad de Oportunidades. Cuando el nuevo gobierno presente su primer Proyecto de Presupuestos habrá ocasión de comprobar cómo la dotación presupuestaria de todas esas competencias supera en presupuesto a más de una consejería. Y a todo esto, como consecuencia de las apetencias de Vox, que ha vuelto a adjudicarse las consejerías de Agricultura y Cultura, queda eliminada una de las tres consejerías denominadas “sociales”, Familia e Igualdad de Oportunidades, cuyas competencias se dispersan entre las dos vicepresidencias y la consejería de Sanidad (ahora también de Bienestar Social). Todo sea por la “prioridad partidista” compartida por PP y Vox.
