El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, garantizó este jueves que PP y Vox formarán un gobierno de coalición “para todos”, que además cumplirá “siempre” la ley en sus actuaciones. «No queremos que se excluya a ningún ciudadano», dijo quien ha sido negociador del Partido Popular para, además, remarcar que las medidas están dirigidas a las personas que se encuentren “en condiciones de legalidad”.
Ical.- En la comparecencia posterior al Consejero de Gobierno, que se celebra un día después de la firma del acuerdo de gobierno entre PP y Vox, que incorpora en sus 324 medidas el concepto de la prioridad nacional, vinculada al arraigo “real”, “verificable” y “perdurable”, Fernández Carriedo envió un mensaje de «tranquilidad» porque aseguró cada medida vinculada a esta cuestión, como las ayudas sociales o de vivienda, llevará como «salvaguarda» un informe jurídico elaborado por los letrados de cada departamento.
«Todo lo que está pactado en el texto es conforme a la ley», defendió Fernández Carriedo quien destacó que el acuerdo, más allá de las críticas que puedan existir, se ajusta la legalidad vigente, como recoge en sus antecedentes, en los que recordó alude al principio de “libertad”, “igualdad real”, así como al “progreso” y la “unidad de España”. Todo ello, añadió, guiará la acción del futuro ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco.
De esta forma, reiteró en varias ocasiones, a preguntas de los periodistas, que el acuerdo velará por el “cumplimiento” de la legislación y que el nuevo Gobierno de coalición actuará “conforme” a las “previsiones” recogidas en los diferentes marcos normativos. Así, explicó que la prioridad nacional se aplicará “conforme a la ley” puesto que cualquier convocatoria lleva aparejados informes jurídicos, lo que garantiza el cumplimiento de la legislación vigente.
El objetivo, aclaró Fernández Carriedo, es apoyar un “arraigo de los ciudadanos en la Comunidad, real, verificable y duradero” y, puso como ejemplo, la nueva línea de ayudas de entre 900 y 1.800 euros para la obtención del carnet de conducir por parte de jóvenes que demuestren una residencia de al menos cinco años. Esta “filosofía”, agregó, se aplicará también en otras ayudas para el acceso a la vivienda o las sociales.
Violencia de género
Carriedo justificó la exclusión de la reforma y actualización de la ley autonómica de violencia de género del acuerdo alcanzado ayer con Vox porque se trata de una cuestión de “mucha importancia” que “va más allá del pacto entre partidos”.
“Vamos a intentar conseguir la unanimidad de todos los partidos con representación parlamentaria”, aseguró Carriedo, en declaraciones recogidas por Ical, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado hoy, previsiblemente el último del Ejecutivo autonómico en solitario, tras el pacto de gobierno entre PP y Vox presentado ayer por Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán.
Un documento en el que no aparece la reforma y actualización de la ley autonómica de violencia de género pero que, aunque no la contenga, “no se excluye del mismo”, según Carriedo, porque “va más allá del pacto entre partidos” con el objetivo de lograr “un acuerdo más amplio y con la unanimidad de las Cortes”.
En ese sentido, defendió la “mucha importancia” de esta cuestión para el Gobierno autonómico y subrayó, a continuación, que “siempre” pensaron en que “la vía más adecuada para avanzar es el diálogo y la búsqueda de consenso y acuerdo”.
El pasado 4 de diciembre de 2025, la Junta acordó retirar el proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León que se tramitaba en las Cortes, al constatar el voto en contra del PSOE al texto presentado por el Gobierno autonómico.
“Urgencia vital” y menas
Asimismo, el consejero portavoz sostuvo que el pacto recoge “principios básicos” de los derechos humanos para las personas que residan de forma “legal” en la Comunidad. Por tanto, aclaró que la ayuda humanitaria está garantizada porque se enmarca dentro de los “supuestos de urgencia vital”, a los que alude el acuerdo sellado con Vox, y agregó que se irá viendo “caso a caso” como se aplica este precepto, si bien apuntó que la Junta quiere “apoyar” a todas las personas que vengan de forma “ordenada”, “legal” y a contribuir a la sociedad.
Igualmente, sobre las ayudas a las ONG’s que puedan ser acusadas de favorecer una inmigración irregular, Fernández Carriedo manifestó que es una “misión” de cualquier administración “luchar” contra un comportamiento “ilegal”, que pueda constituir un delito como el de tráfico de personas. Por ello, justificó que no colaboren con entidades que actúen de forma contraria a la legislación, si bien apostilló que no conocía “ninguna” que lo hiciera. “Las ONG conocen la ley y saben cumplirla. Las que lo hagan pueden tener la total seguridad y garantía de que vamos a contar con su opinión”, afirmó.
Otro de los aspectos sobre los que el consejero portavoz se pronunció fue la acogida de menores migrantes no acompañados (menas) y la realización de pruebas que permitan verificar su edad. Sobre ello, asumió que la Junta no tiene competencias en materia de justifica, si bien insistió en que eso no impide poder “colaborar”, “informar” o “estar a disposición” de la propia Administración de Justicia para “impulsar” o “iniciar” alguna actividad “Estamos hablando de cumplir la ley”, dijo para añadir que a nadie le debe dar “miedo” el acceso a la información pública, porque es la mejor forma de combatir la “desinformación”.
«El resultado ha merecido la pena»
Por otra parte, el consejero portavoz subrayó que “el resultado ha merecido la pena” porque PP y Vox han firmado un acuerdo “amplio” y con “detalle”, puesto que apuntó especifica medidas “muy concretas” y “entra en los números”, poniendo plazos de cumplimiento a muchas de ellas, lo que supone también un “estímulo”. “Es un trabajo que ha exigido un esfuerzo por parte de muchas personas”, agregó quien ha sido uno de los negociadores del pacto, que supera los 60 folios y que vio la luz 80 días después de las últimas elecciones.
En su opinión, obedece a lo que los ciudadanos “mandataron” en las urnas el pasado 15 de marzo para que PP y Vox llegaran a un acuerdo que ofreciera “estabilidad” los próximos cuatro años, “confianza” y “seguridad”, ya que ambos suman 47 procuradores en las Cortes, una mayoría absoluta “muy amplia”.
Respecto al contenido, más allá de los capítulos referidos a inmigración, Fernández Carriedo destacó que el pacto incide en la rebaja de impuestos para aminorar las “cargas tributarias” que suportan los ciudadanos, así como en la vivienda, la sanidad, la educación. Además, aseveró que apuesta por la promoción de la actividad económica y la generación de empleo y sitúa como objetivos básicos las personas mayores, las familias y los jóvenes. “Ofrecemos garantías y tranquilidad al conjunto de los ciudadanos”, concluyó.
Copia y pega de Aragón
El procurador de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, avanzó que votará en contra de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, y aseguró que el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Vox para la Comunidad es un «corta y pega» de los pactos suscritos por ambas formaciones en Aragón y Extremadura.
Asimismo, criticó que el documento no plantea soluciones a los problemas que padece Soria y no aborda cómo hacer frente al problema de la despoblación, que es, señaló, el que más preocupa a los castellanos y leoneses.
“Hemos pasado este pacto por un filtro de copia de autoría intelectual. En cuanto a la estructura del pacto, en un 80 o 90 por ciento coincide con el pacto de Aragón y en cuanto a la redacción literal, entre un 60 y un 70 por ciento”, dijo para agregar que «el pacto no pasaría un control universitario sobre plagio».
Es este aspecto, lamentó que la singularidad territorial de Castilla y León haya quedado diluida en un documento que, a su juicio, apenas incorpora elementos propios de la Comunidad.
El procurador soriano señaló que el texto, de 62 folios y 16.636 palabras, solo menciona cinco veces a Soria y seis, la despoblación, y agregó que únicamente una de las 324 medidas aborda de forma específica este fenómeno.
En materia de infraestructuras, Ceña consideró «sangrante» que el acuerdo dedique ocho folios a reclamar actuaciones al Gobierno de España mientras reserva apenas tres líneas a la red autonómica de carreteras, competencia de la Junta. «El párrafo que dedican al uso del burka y el niqab en espacios públicos ocupa más espacio que lo que van a hacer en las carreteras de titularidad autonómica», afirmó.
No obstante, señaló que el documento incorpora reivindicaciones históricas para la provincia como la Autovía del Duero, la Autovía de Navarra, la conversión en autovía del eje Burgos-Soria-Calatayud, una lanzadera de alta velocidad entre Soria y Calatayud o la recuperación de la línea ferroviaria Soria-Castejón.
Al respecto, recordó que se trata de compromisos que acumulan décadas de retraso y cuyo cumplimiento genera pocas expectativas. “Cuando gobierne PP y Vox en el Gobierno les recordaremos lo que ahora han firmado y piden en materia de infraestructura”, avisó.
