Miles de folios de sospechas, suposiciones y pocas certezas sobre las andanzas de la trama de tres personas del ‘caso Leire’, cuya mayor virtud ha sido, ahora se desvela, que ha servido para que la UCO pueda llegar adonde pretendían desde el principio: escrutar de arriba abajo las cuentas del PSOE, a ver si sale financiación ilegal, o algo parecido para hacer otro informe de miles de páginas.
Con la excusa de saber si se pagaron dos campañas publicitarias a la web de Leire Díez desde el partido, la UCO ha solicitado todas las cuentas del PSOE y del PSC de los años 2024 y 2025 y el juez Pedraz ha dado el visto bueno. Si no es así, se le parece mucho, una suposición como otras que se vierten en sedicentes sesudos informes con trascendencia policial y judicial. Pocas veces se ha pedido tanto por, aparentemente, tan poca cosa.
El juez Santiago Pedraz ha aceptado la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para reclamar información financiera y tributaria de los socialistas de los años 2024 y 2025. Los agentes buscan profundizar en el presunto pago de 20.000 euros vinculado al exdirigente Santos Cerdán mediante una campaña publicitaria en Cataluña durante las elecciones autonómicas de 2024.
La investigación del denominado caso Leire Díez da un paso al frente en la Audiencia Nacional. El magistrado Santiago Pedraz ha emitido un oficio tras recibir la solicitud de la Guardia Civil para rastrear a fondo las finanzas de casi una quincena de personas físicas y jurídicas vinculadas a la trama.
Entre los objetivos prioritarios de los investigadores se encuentran el PSOE y el PSC, así como el exdirigente socialista Gaspar Zarías y su empresa particular, Zaño Sociedad, los letrados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y varias empresas de comunicación y marketing bajo la sospecha de haber canalizado fondos.
La UCO ha solicitado un desglose total que incluye la titularidad de cuentas bancarias, declaraciones fiscales, rentas, bienes muebles e inmuebles, relaciones societarias, donaciones y posibles activos en el extranjero.
El rastro de un pago de 20.000 euros en la campaña catalana
El foco principal de esta nueva batería se justifica por la intención de los agentes de esclarecer el supuesto pago de 20.000 euros que presuntamente autorizó el exdirigente socialista Santos Cerdán al medio de comunicación Crónica Libre, de Leire Díez.
Según las sospechas policiales, este desembolso se habría camuflado a través de una campaña publicitaria en Cataluña aprovechando el marco de las elecciones al Parlament celebradas en 2024. Para verificar el recorrido del dinero, el juez ha exigido al Grupo IKI que aporte todos los contratos, facturas y justificantes de pago que reflejen sus «relaciones comerciales» con el PSOE y el PSC durante el periodo investigado.
El PSC defiende su gestión y apela al Tribunal de Cuentas
La reacción de las filas socialistas catalanas no se ha hecho esperar. Fuentes del PSC, formación liderada por Salvador Illa, han asegurado que todavía no han recibido ninguna notificación o requerimiento judicial en su sede. «En cualquier caso, reiteramos que seguiremos colaborando con total transparencia con todo lo que sea necesario y cuando sea necesario», han manifestado desde el partido.
La dirección de los socialistas catalanes ha defendido la legalidad de sus finanzas asegurando que actúan «siempre cumpliendo la ley electoral». Asimismo, han recordado que su contabilidad ya ha sido validada y está reflejada en los sucesivos informes fiscalizadores de la Sindicatura de Cuentas y del Tribunal de Cuentas.
