El posible traslado de la gestión del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca (CRMF) a la Junta de Castilla y León, ha provocado “tensión y malestar”, tanto en los trabajadores como en el CSIF, quienes, según apuntan, “carecen de la información necesaria sobre su futura situación laboral”.
“En estos momentos, la plantilla no tiene información clara, completa y oficial sobre el alcance real del proceso, el calendario previsto, las condiciones en las que podría producirse, las garantías laborales aplicables y el futuro de los servicios que actualmente se prestan”, aseguran desde la organización sindical, “por lo que esta falta de información está generando una lógica inquietud entre los trabajadores, que desconocen cómo puede afectar esta situación a su puesto de trabajo, a sus condiciones laborales, a sus retribuciones, a sus derechos adquiridos y a sus expectativas profesionales”.
Desde CSIF describen como “inaceptable” que este proceso no se desarrolle desde la “transparencia y la suficiencia que representan a los trabajadores”, y señalan que cualquier tipo de decisión que afecte al CRMF debe abordarse con “rigor, negociación y garantías”, evitando que la plantilla quede desprotegida desde el ámbito jurídico, laboral y profesional.
No obstante, la preocupación del sindicato no se limita al ámbito laboral, sino que hace hincapié en la importancia de garantizar la continuidad de la atención a los usuarios del centro. “No puede admitirse que la falta de planificación o de información derive en una reducción de servicios, en la interrupción de actividades, en la pérdida de recursos o en una situación de desprotección para personas que necesitan este centro para avanzar en su proyecto personal, formativo y profesional”, apuntan desde CSIF.
Por ello, el sindicato reclama a las administraciones implicadas en dicho cambio “información oficial, completa y por escrito” sobre todo el proceso, así como la apertura inmediata de opciones de diálogo con la representación sindical y con los trabajadores afectados.
En particular, exigen que se garantice “la continuidad del servicio público que, en la actualidad, presta el CRMF, evitando alterar la atención de los usuarios; el mantenimiento de la actividad formativa, asistencial, ocupacional y de apoyo a la integración social y laboral de los usuarios; la conservación de los derechos adquiridos, complementos, jornada y funciones de la plantilla; y la posibilidad de que aquellos trabajadores que deseen continuar vinculados a la Administración General del Estado puedan hacerlo, sin verse obligados a integrarse en otra administración como consecuencia de una decisión ajena a su voluntad”, entre otras condiciones.
Desde CSIF advierten de la importancia de tomar cualquier decisión que afecte al CRMF sin garantías, ya que puede provocar “un doble perjuicio”, tanto a los trabajadores como a los usuarios, “que no pueden convertirse en víctimas de una decisión administrativa mal planificada”.