Aconfesionalidad de escaparate

La visita de León XIV a España vuelve a poner sobre la mesa una contradicción que nuestro país arrastra desde la firma de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede en 1979. La Constitución de 1978 definió a España como un Estado aconfesional, es decir, sin religión oficial. Sin embargo, más de cuatro décadas después, sigue vigente una extensa red de privilegios y relaciones especiales con la Iglesia católica que ni el PP ni el PSOE han mostrado voluntad de revisar. En este contexto, cada visita papal moviliza a las instituciones públicas y evidencia un vínculo privilegiado del Estado con una confesión concreta, una realidad difícil de conciliar con la neutralidad religiosa que proclama la Constitución.

A la contradicción institucional se suman otras incoherencias en la práctica política. Resulta especialmente llamativa la actitud de numerosos dirigentes que, según convenga a sus intereses, reivindican la estricta separación entre religión y política o se apresuran a fotografiarse junto al Pontífice, a elogiar sus mensajes y a presentarse como intérpretes privilegiados de sus palabras. La fe, que debería pertenecer al ámbito de las convicciones personales, se convierte entonces en un recurso de comunicación política y en una oportunidad para atraer votos.

Tampoco escapan a esta dinámica quienes se presentan abiertamente como políticos confesionales. Con frecuencia ensalzan las palabras del Papa cuando estas coinciden con sus planteamientos sobre determinados asuntos morales o culturales, pero guardan un llamativo silencio cuando el mismo líder religioso reclama una mayor atención a los migrantes, denuncia las desigualdades económicas, critica la cultura del descarte o cuestiona actitudes presentes en su propia práctica política. La adhesión, entonces, parece menos una cuestión de convicciones que de conveniencia.

La paradoja es evidente: quienes defienden la aconfesionalidad del Estado suelen olvidar sus principios cuando la cercanía al Papa puede proporcionar visibilidad o legitimidad, mientras que quienes reclaman una mayor presencia de la religión en la vida pública denuncian la instrumentalización política de la religión solo cuando la practican sus adversarios.

Nadie se perdió a Rafa Sánchez

Joaquín Prat, padre de una niña

Felipe VI le deja el Falcón a León XIV

Quizá el verdadero respeto a la aconfesionalidad consista precisamente en evitar estas apropiaciones oportunistas. Un Estado neutral no debería actuar como brazo institucional de ninguna confesión, pero tampoco los responsables políticos deberían utilizar la autoridad moral de un líder religioso para reforzar su propia imagen. Cuando la religión se convierte en una herramienta electoral, pierden credibilidad tanto la política como la propia fe.

Miguel Barrueco Ferrero, por médico y profesor universitario jubilado