El curso comienza en junio para los once integrantes del nuevo Gobierno de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, si bien ya cuentan con deberes, aunque todavía no hayan accedido al cargo. Los vicepresidentes Carlos Pollán e Isabel Blanco y el resto de consejeros tienen como primera tarea ponerse a trabajar en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, así como en las políticas fiscales, de vivienda y en el encaje de la prioridad nacional y el arraigo en la Comunidad.
A partir del próximo lunes, 15 de junio, Fernández Mañueco y su gabinete de coalición tendrán que ponerse a trabajar para desarrollar el pacto suscrito por PP y Vox que recoge un total de 324 medidas, agrupadas en 19 ejes. De ellas, una veintena tienen que ejecutarse antes de que acabe este primer año de legislatura, por lo que deberán ponerse de inmediato manos a la obra para que cuando finalice 2026 hayan cumplido lo prometido.
El diseño y aprobación de unas nuevas cuentas, pues están prorrogadas las aprobadas por PP y Vox en 2024, es la prioridad marcada por Fernández Mañueco a su gabinete. Aunque esta tarea corresponde al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, implica también al resto pues tendrán que solicitar créditos a quien tiene las llaves de las arcas de la Comunidad. Entre todos armarán un borrador que cuadre los números para decidir el destino de más de 15.000 millones de euros.
Muy vinculado con los temas presupuestarios está el nuevo plan fiscal de la Junta, que contempla una primera rebaja del 0,25 por ciento del tramo mínimo de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como el modelo de “impuestos cero” en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos en los municipios de hasta 20.000 habitantes y la extensión de la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a familiares cercanos, hermanos, tíos y sobrinos.
El vicepresidente primero, Carlos Pollán, consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, tendrá el cometido, junto a otros consejeros, de impulsar las políticas de inmigración y la aplicación del principio de la prioridad nacional, tanto en el ámbito de la vivienda protegida y el alquiler social, como en las ayudas públicas. Desde el inicio se implantará esta filosofía vinculada al arraigo, así como el endurecimiento del régimen interno de los centros de menores o la prohibición del uso del burka y el nicab.
La vicepresidenta segunda Isabel Blanco, responsable de vivienda, tendrá que desplegar la "cuenta ahorro joven" para que se aplique con el primer presupuesto, que también contempla una nueva deducción para particulares que pongan en alquiler a un precio asequible sus hogares. A esto se unen otras medidas de reducción de la carga tributaria y de impulso a la promoción de viviendas, pues el objetivo es alcanzar las 5.000 en toda la legislatura.
Desde el inicio del mandato, varios departamentos, no sólo Economía, sino también Industria, Universidades, Empleo y Comercio, impulsarán un catálogo de medidas para promocionar el empleo y el emprendimiento, incluida la eliminación de trabas para abrir negocios, así como la nueva Estrategia de Comercio. Otra de las medidas en materia de política industrial y energética es el fomento del autoconsumo, delimitando una banda en torno a los polígonos industriales, o la reclamación del refuerzo de las redes eléctricas.
En Medio Ambiente, su titular tiene por delante la aprobación de un marco normativo para prevención de incendios forestales, precisamente ya con la campaña de riesgo alto iniciada, que se prolongará hasta el 12 de octubre. Otras de las medidas sobre las que deberá trabajar son los anillos de seguridad de las localidades o las normativas para facilitar la “rápida” limpieza de los montes y la gestión activa de la superficie forestal.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental comienza el mandato con el compromiso de blindar el sector primario frente a la Agenda 2030, así como de establecer un sistema abierto y permanente de ayudas a la inversión agroalimentaria, con resolución anual. También antes de terminar el año deberá garantizar el acceso a líneas de crédito preferente y ejecutar el plan de balsas de agua para la ganadería, pactado en 2024.
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, abrirá una nueva etapa con un programa que intensifique los cuidados a los pacientes crónicos en el domicilio, así como con la llegada de nuevos helicópteros medicalizados, hasta tener uno por provincia y en León, dos. También tratará de que haya de forma progresiva unidades de soporte vital básico en los Puntos de Atención Continuada (PAC) del medio rural.
La primera tarea de Educación será dar los pasos necesarios para que el próximo curso la primera matrícula del primer curso en las cuatro universidades públicas de la Comunidad sea gratuita, así como evitar que se aplique la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en Castilla y León.
En el ámbito social, compartido por varios departamentos, la Junta volverá a expresar su oposición a la acogida de nuevos menores migrantes no acompañados (menas) y suprimirá las ayudas a ONG's que faciliten la inmigración ilegal. También se prevé congelar al mínimo los fondos para las ayudas a la cooperación internacional y reducir las partidas a sindicatos y patronal que no tengan una utilidad pública.
En el ámbito de la Desregulación, el nuevo Gobierno deberá avanzar en las auditorías sobre el destino de los recursos públicos, así como en la implantación del silencio administrativo positivo y la declaración responsable. Cultura, Turismo y Deporte tendrá que diseñar la línea de subvenciones para mejorar plazas de toros y para celebrar novilladas, además de dar un impulso a la innovación tecnológica y las infraestructuras deportivas.
Finalmente, la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial mantendrá la tarjeta Buscyl para viajar de forma gratuita dentro de la Comunidad, la bonificación del 25 por ciento de los abonos ferroviarios e incorporará al primer presupuesto las ayudas para el pago de un 60 por ciento de los peajes.