A los varios reproches que cabe hacer a nuestro Parlamento pueden añadirse dos más: la hipocresía y el cinismo. Véase cómo el reciente discurso de León XIV en el Congreso, predicando contra "el fuego de la polarización" y "las palabras que humillan o enfrentan" fue largamente aplaudido y elogiado, pero muy rápidamente olvidado. Al día siguiente, en la sesión del control del gobierno se nos sirvió taza y media de lo de siempre. Parece que estamos condenados, no se sabe por qué dios vengativo, a seguir en esta ciénaga donde fermentan las miasmas de las descalificaciones sin paliativos, las condenas sin apelación, los insultos; una situación en la que, al decir de Enric Juliana, "el Parlamento se convierte en un cementerio".
El Papa difícilmente puede concordar por completo con las fuerzas políticas, sin olvidar que algunas no ven con buenos ojos este protagonismo de la religión en un país oficialmente laico. Pero probablemente es la persona con mayor capacidad de incidencia en casi todo el espectro ideológico. Así pues, si él no es capaz de reconducir esa malsana conducta parlamentaria, ¿quién podrá? (Y desde luego no hacía falta que viniera León XIV a recordarnos ciertas cosas. El propio reglamento del Congreso estipula el respeto "al orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias" y condena a quienes "vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara y de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad". Y lo mismo cabría de decir de su discurso sobre la paz, la solidridad y los derechos humanos, que no es sustancialmente distinto del de Naciones Unidas).
Pero, esta lacra de nuestra vida parlamentaria ¿tiene algún remedio?
En 1852 Bravo Murillo, jefe de un gobierno conservador, propuso que las sesiones de las Cortes se realizaran a puerta cerrada con el fin de limitar el debate político y que este fuera "mesurado y cuerdo", evitando "los estímulos de la vanagloria, inseparables de la publicidad". Así, añadía, "se ahorrará mucho tiempo en la formación de las leyes y estas ganarán en perfección".
No se llegó a aplicar la reforma y hoy tal iniciativa sería inconcebible, si más no, por inconstitucional. Pero quizá se podría hilar más fino si, asegurado el debate y la libertad de acción parlamentaria, se ahorrara al ciudadano el mal trago del diálogo de sordos y el navajeo dialéctico habituales en nuestro Congreso. ¿No podría arbitrarse algún medio para que solo trascendiera de su actividad el resultado de las votaciones, que al final es lo que importa?
Vemos que no hay propósito de enmienda de nuestros diputados, pues no hay conciencia del pecado ni autocrítica (concepto inexistente en el diccionario político español), lo que muestra la endeble consistencia moral de nuestros representantes. Y lo más triste es que el Congreso no solo es representativo políticamente, sino también sociológicamente, de modo que, hasta cierto punto, podría ser considerado como reflejo de la propia sociedad española, que siente rabia viendo su propia imagen deforme reflejada en un espejo (O. Wilde).