El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha generado una polémica al cuestionar la salud mental de los trabajadores jóvenes, a los que ha calificado de "memos" por ausentarse de su puesto de trabajo hasta por atravesar rupturas sentimentales. Su comentario ha ensombrecido una cumbre de la CEOE donde su líder, Antonio Garamendi, ha reclamado a la Seguridad Social que asuma desde el primer día la factura de las incapacidades temporales, un fenómeno que supuso un gasto de 33.000 millones de euros en 2025.
La controversia estalló cuando Ángel Nicolás achacó el aumento del absentismo a un problema de educación y falta de resiliencia de las nuevas generaciones. El dirigente empresarial afirmó que muchos jóvenes cogen la baja "porque les ha dejado la novia" y no por un maltrato laboral, "cson unos menos", dijo, unas palabras que generaron una gran polvareda.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se desmarcó rápidamente de su compañero y subrayó que la salud mental juvenil constituye un problema muy serio que requiere un abordaje riguroso. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, censuró las declaraciones a través de sus redes sociales, exigió una rectificación y advirtió que quien insulta a la juventud carece de legitimidad para representar a cualquier institución.
La escalada del absentismo y la alerta empresarial
Más allá de la polémica, la cumbre empresarial en Madrid sirvió para visibilizar la enorme preocupación de las compañías por las ausencias laborales vinculadas a enfermedades o accidentes comunes. Según los datos aportados por la organización, 1,4 millones de personas faltaron a su puesto durante el año pasado.
El impacto económico de estas bajas alcanzó los 33.000 millones de euros en 2025, el triple que hace una década. De esa cifra, las empresas sufragaron más de la mitad (17.000 millones), ya que el sistema actual obliga al empleador a cubrir el salario y la cotización entre el cuarto y el decimoquinto día de incapacidad. Garamendi advirtió que esta situación lastra la competitividad y la productividad, y aclaró que la reclamación no busca pagar menos, sino proteger la economía general frente a una "crisis sanitaria".
Las propuestas de la patronal para frenar el gasto
Para atajar esta situación, los representantes territoriales y sectoriales plantearon un paquete de medidas dirigidas a la Administración, argumentando que el sector público debe reforzar las plantillas médicas e inspectoras. Las principales exigencias de la CEOE y sus filiales incluyen:
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Traspaso del coste: Que la Seguridad Social asuma el pago de las bajas desde el primer día y cubra las cotizaciones de los contratos de sustitución.
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Controles médicos anticipados: Adelantar las evaluaciones de la Inspección Médica a los 3, 6 y 9 meses, en lugar de esperar al año de ausencia.
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Exoneración a largo plazo: Liberar a las empresas de abonar las cotizaciones en aquellos procesos de incapacidad que superen los doce meses de duración.
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Despido por bajas reiteradas: La vicepresidenta de la patronal madrileña CEIM, Laly Escudero, abogó por recuperar el despido por causas objetivas en casos de ausentismo repetitivo, una norma que derogó Yolanda Díaz en 2020.
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Retirada de complementos: Suspender los pluses salariales que perciben los trabajadores si las bajas son cortas, continuadas o si el empleado no colabora en su recuperación.