El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar. Este paso judicial, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción dentro de la investigación del caso Plus Ultra, busca esclarecer la relación de las tres mujeres con el entramado financiero bajo sospecha y garantizar su derecho legal a la defensa.
La decisión de citar a las hijas del expresidente responde a su posición como administradoras formales de Whathefav, una empresa que los investigadores vinculan con la recepción de fondos de procedencia dudosa. El juez José Luis Calama aclara que esta imputación no significa que hayan cometido un delito, sino que existen indicios que conectan su rol en la empresa con los hechos investigados.
El magistrado señala que la investigación otorga a esta sociedad un papel clave para canalizar u ocultar operaciones. Llamar a declarar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa como investigadas, y no como testigos, es una garantía legal para proteger sus derechos en caso de que más adelante se descubra una responsabilidad directa en el caso.
La secretaria, una "pieza operativa esencial"
El auto judicial también señala a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente. A diferencia de las hijas, el juez considera que ella sí tiene una implicación más directa con la trama. Según los investigadores, Alcázar actuaba como una pieza operativa fundamental de esta red, coordinando movimientos directamente desde la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta presunta vinculación ya motivó el registro de su lugar de trabajo hace un mes.
Rechazo a investigar el móvil en EEUU
En paralelo, el juez ha denegado la petición del propio Zapatero de solicitar información a Estados Unidos sobre cómo se intervino y clonó el teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea Plus Ultra. El expresidente había planteado dudas sobre las garantías legales de ese proceso. Sin embargo, Calama argumenta que primero debe esperar a que las autoridades estadounidenses respondan a una solicitud de cooperación previa, donde ya se pidió utilizar el contenido de ese teléfono, considerado una de las pruebas centrales del caso.
La defensa del expresidente
Esta nueva resolución judicial llega apenas un día después de que Zapatero compareciera en la Audiencia Nacional. En su declaración, el exmandatario negó rotundamente haber utilizado sus influencias o haber presionado a ninguna autoridad para facilitar el polémico rescate público a la aerolínea Plus Ultra.
El expresidente justificó el cobro de 490.780 euros que detectó la investigación alegando que correspondían a labores de consultoría para Análisis Relevante, una empresa propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. Según su versión, este trabajo se basaba únicamente en un acuerdo verbal, sin contratos firmados de por medio.
Reacciones políticas
La imputación del círculo cercano al expresidente ha sacudido el tablero político, provocando reacciones dispares entre las principales formaciones:
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PSOE: Fuentes socialistas le han restado gravedad al asunto, señalando que la imputación de las hijas "era previsible" tras los últimos movimientos del caso y exigiendo pruebas que demuestren los hechos. Por su parte, la portavoz Montse Mínguez ha reiterado públicamente la "confianza plena" del partido en la inocencia de Zapatero.
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PP: Aunque la postura oficial, expresada por Ester Muñoz, ha sido eludir valoraciones sobre decisiones judiciales, el diputado Borja Sémper sí dejó un mensaje en clave más personal: "Bastante pesado será para Zapatero con haber metido a sus hijas en este lío".
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Vox: La formación ha aprovechado la noticia para endurecer su discurso. José María Figaredo, secretario general del partido en el Congreso, ha utilizado el caso para acusar al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dirigir a una "mafia" socialista.