El magistrado Juan Carlos Peinado ha ordenado este sábado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acusada de cuatro delitos cogidos con alfileres en su instrucción. Para garantizar que no eluda a la justicia, el juez ha dictado medidas cautelares como la retirada inmediata del pasaporte, la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional y la obligación de firmar en el juzgado cada quince días.
La decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid llega tras la reciente audiencia preliminar y no solo afecta a la esposa de Pedro Sánchez. El auto judicial manda a juicio a tres personas más investigadas.
Begoña Gómez deberá responder ante la justicia por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Cristina Álvarez, exasesora en Moncloa y persona de máxima confianza de Gómez, está procesada por los mismos delitos, al considerar que actuó como asistente y coordinadora de todas sus actividades.
Por su parte, el empresario Juan Carlos Barrabés se sentará en el banquillo acusado de presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.
El magistrado ha aceptado así gran parte de las exigencias planteadas por las acusaciones populares, coordinadas por la organización ultracatólica Hazte Oír, junto a las también de extrema derecha Iustitia Europa y Vox. Estas plataformas también reclaman bloquear el acceso de Gómez a la sociedad, las marcas y el dominio web del software universitario que originó parte de la causa.
El polémico argumento sobre el riesgo de fuga
Uno de los puntos más controvertidos del auto judicial es la justificación de Juan Carlos Peinado para retirar el pasaporte a Gómez. Frente al argumento de la defensa, que recordaba que la acusada cuenta con una escolta permanente de entre tres y cinco policías nacionales que haría impensable una fuga, el juez sostiene lo contrario.
Peinado argumenta que el cargo de presidente del Gobierno es "efímero y transitorio", al igual que esa protección. Además, el magistrado plasma por escrito una sospecha sobre las fuerzas de seguridad: sugiere que esos mismos escoltas podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes, ayudar a Gómez a escapar de la justicia.
Indignación en el Gobierno y el PSOE
La reacción política no se ha hecho esperar. Desde Moncloa, fuentes gubernamentales denuncian una clara "persecución política" y tildan la actitud del juez de "obsesión". El entorno del Ejecutivo considera que la instrucción carece de sentido jurídico y califica de "absurda" y desproporcionada la retirada del pasaporte a una figura con un nivel de exposición pública tan alto.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha utilizado sus redes sociales para cargar duramente contra la insinuación del juez sobre la lealtad de la policía, criticando que tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) toleren este tipo de afirmaciones. El PSOE ha cerrado filas reiterando la inocencia de Gómez y tachando el procesamiento de "escándalo democrático".
La instrucción, de principio a fin, pone dos cosas de manifiesto:
— Óscar Puente (@oscar_puente_) June 20, 2026
1.- Una obsesión enfermiza por parte de Peinado por llevarse por delante a la mujer del Presidente del Gobierno, como sea.
2.- Unas enormes carencias técnicas.
¡Qué no habrá hecho este Sr. a lo largo de su carrera! https://t.co/kjng9OCxkV
El juicio oral se abre por las presuntas irregularidades para favorecer al grupo empresarial de Barrabés en adjudicaciones públicas, la supuesta malversación de fondos al utilizar a Cristina Álvarez como asesora personal desde Moncloa, y la apropiación indebida del software creado para la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Las acusaciones populares de extrema derecha piden penas altísimas: hasta 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 años para su exasesora como cooperadora necesaria, y 6 años de prisión para el empresario Juan Carlos Barrabés. Mientras tanto, las defensas y la Fiscalía siguen insistiendo en que no existe base delictiva y habían solicitado, sin éxito, el archivo definitivo de la causa.