Que al presidente Rodríguez Zapatero, inmerso en su charca judicial, le lluevan zarpazos de la oposición tiene su pase. No tanto que individuos que en su día fueron de su entorno y cuya carrera política fue amparada por él, ahora le ataquen zafiamente.
Un artículo reciente de César Antonio Molina en The Objetive sobre su relación con Zapatero (Zapatero y yo, 14 y 15 de junio de 2026) ha logrado el aplauso y la difusión de los medios de la trinchera, a los que gusta ver cómo uno de sus exministros le cubre de gloria hablando de su "impericia" para gobernar y de su carencia total de valores morales. Y más aún le aplaude el coro mediático local cuando critica la restitución de los documentos incautados durante la Guerra civil a sus propietarios de Cataluña, País Vasco, Asturias y otros lugares. Unos fondos depositados en el llamado Archivo de la Guerra civil de Salamanca, que cohabita con el Centro Documental de la Memoria Histórica.
Molina era ministro de cultura cuando empezó ese proceso, gestionado por su departamento, y hubiera debido asumirlo (o dimitir, si tan mal lo veía), de modo que es muy poco elegante que ahora diga que trató de frenarlo y que intente justificar su actitud echando mano de burdos tópicos, medias verdades y olvidos flagrantes.
- Molina invoca una vez más la supuesta "unidad del Archivo" rota con la restitución, mantra que movilizó en su momento al votante españolista del interior, haciéndole creer que estaba en juego poco menos que la integridad de España frente al separatismo. Pero alegar eso es tanto como ignorar qué es un archivo y cuál fue el origen y la función del que hablamos. El Archivo de la Guerra civil se formó a partir de la incautación de documentos de particulares e instituciones (ayuntamientos, partidos, sindicatos) por parte del ejército de ocupación franquista en zonas "desafectas al Movimiento Nacional", para "suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos", según el decreto oficial que está en su origen. Es decir, hablamos de un archivo con finalidad policiaco-represiva, del que salió el gigantesco fichero de antecedentes políticos depositado en Salamanca, al que no tuvieron acceso los investigadores hasta finales de los años setenta. Su formación supuso la ruptura, cuando no la destrucción, de los archivos de origen, de muy distintas procedencias, con el fin de formar un totum revolutum al que solo con mucha imaginación cabe llamar "Archivo de la Guerra civil"
- En tiempos de Molina se creó un patronato del archivo. Así lo recuerda él, pero silencia que el comité de expertos nombrado por ese patronato apoyó el traslado de los documentos por muy amplia mayoría, considerándolo "justo y legítimo". Incluso la Asociación de archiveros de Castilla y León criticó el “enfrentamiento irresponsable entre comunidades autónomas”, mientras pedía una solución consensuada y una mayor atención al propio patrimonio documental de Salamanca y de la región, que consideraban abandonado. Qué raro, pensó más de uno, ¿cómo es que se preocupan tanto por los fondos catalanes cuando se descuidan los de aquí?
- Hablar del asunto como mera iniciativa de "independentistas catalanes y vascos" es simplificar demasiado, como limitarlo al burdo interés electoral por parte de Zapatero. Si finalmente salió una ley en el Congreso para la restitución de los documentos fue porque había consenso político más amplio, del que salieron también la primera Ley de Memoria histórica y los inicios de una ya tardía política de memoria democrática. El PP y la Junta de Castilla y León obstruyeran cuanto pudieron el proyecto y sacaron sus masas a la calle pulsando irresponsablemente el botón del anticatalanismo y de la "unidad de España", pero sus recursos judiciales chocaron con varias sentencias avaladoras del proyecto, una de ellas del Tibunal Constitucional. Y no faltaron masivas manifestaciones de signo contrario y mucho más legítimas, pues se limitaban a reivindicaban lo que era suyo.
Es más que probable que Zapatero captara la escasa fiabilidad de un ministro que boicoteaba la agenda política de la que era responsable, lo que parece razón más que suficiente para su destitución (y no la melonada de tener una mujer con "glamur" en el gobierno, como dice Molina en su artículo, empeñado en presentar a Zapatero como frívolo y sin altura intelectual).
Por lo demás, la ejecutoria posterior de Molina le muestra como típico espécimen de lo que Gregorio Morán llamó el "mandarín" intelectual: el literato o periodista que, habiendo protagonizado la vida cultural en ciertos momentos desde posturas más o menos progresistas, evoluciona hacia un derechismo bronco y mal encarado, implacable con el "independentismo", la izquierda "comunista" y el "sanchismo". Un exministro que se define como "socialdemócrata", pero que en este caso no llega ni a demócrata.