El Tribunal Supremo ha levantado ampollas tras dictar su esperada resolución sobre el caso mascarillas. Los magistrados imponen penas que suman más de 40 años para la antigua cúpula de Transportes, pero permiten que el empresario corruptor eluda la prisión a cambio de su colaboración. Esta enorme brecha punitiva ha desencadenado la indignación indisimulada en el seno del Gobierno, exigencias de elecciones anticipadas por parte del Partido Popular y un profundo pesimismo entre los socios parlamentarios sobre la continuidad de la legislatura.
Penas históricas y un trato de favor al comisionista
La justicia dicta un castigo contundente contra los responsables políticos de la trama, pero otorga una salida alternativa al principal intermediario. Los jueces declaran probados los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por el cobro de mordidas durante la compra de material sanitario en la pandemia y por la colocación de personas afines en distintas entidades.
El fallo reparte las siguientes condenas según los cargos y grados de implicación:
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José Luis Ábalos (exministro de Transportes): 24 años y tres meses de prisión.
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Koldo García (exasesor ministerial): 19 años y ocho meses de cárcel.
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Víctor de Aldama (comisionista y cabecilla empresarial): 4 años y medio de prisión, cuya ejecución queda suspendida, del mismo modo que el tribunal no le reclama los 3,7 millones que le pedía la fiscalía como recompensa a su "aportaci´pon para descubrir los delitos" de Ábalos y Koldo.
Para evitar la celda, Aldama solo necesita entregar un informe semestral de actividades y cumplir un año de trabajos comunitarios, un beneficio que los jueces justifican por su colaboración durante el proceso judicial.
Estupor e ironía en el seno del Ejecutivo
La indulgencia hacia el comisionista genera un profundo malestar en la coalición gubernamental. Óscar Puente, actual titular de Transportes, encabeza las críticas públicas. El ministro tilda la decisión de "desproporcionada" y utiliza sus redes sociales para ironizar sobre el mensaje que transmite el tribunal: reprocha que la justicia perdone a quien comete delitos si luego colabora y presenta "un informito de nada".
En la misma línea, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, muestra su absoluta sorpresa al constatar que "el corruptor no ingresa en prisión" dentro de un sistema que, a su juicio, sigue sin castigar a quienes facilitan el fraude.
Desde la Moncloa, fuentes oficiales reiteran su condena rotunda a la corrupción y defienden sus esfuerzos por la transparencia. Sin embargo, en privado, los ánimos están mucho más encendidos. Altos cargos del Ejecutivo califican de "doblemente sangrante" la diferencia de penas y sospechan que la libertad de Aldama busca lanzar un aviso a otros investigados en causas paralelas, apuntando directamente a la exmilitante Leire Díez y a Julio Martínez, este último vinculado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Por su parte, Montse Mínguez, portavoz del PSOE, cuestiona abiertamente si en España "sale a cuenta ser corruptor".
La oposición exige la caída de Sánchez
La derecha lee la resolución como una herida de muerte para el mandato de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, utiliza la sentencia como munición pesada para reclamar la dimisión del presidente y la convocatoria inmediata de elecciones generales. Feijóo enmarca este caso como "un símbolo del sanchismo" y denuncia una degradación institucional insostenible, recordando que el entorno gubernamental acumula más de un centenar de imputados en diversas causas penales.
Los socialistas responden subrayando que apartaron a Ábalos de sus filas desde el primer momento en que surgieron las sospechas y acusan a Feijóo de aplicar un doble rasero al callar ante los escándalos que salpican a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Grietas en el bloque de investidura
Más allá del enfrentamiento bipartidista, la sentencia resquebraja un poco más la confianza de los socios habituales del Gobierno, quienes ya cuestionan abiertamente la utilidad de mantener viva la legislatura.
Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, tacha la situación de "ignominia" y "estafa", lamentando que en España ser un delincuente "salga gratis" y permita conservar comisiones millonarias. El escepticismo también inunda a los independentistas catalanes. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, coincide en que la suspensión de la pena para Aldama es un mensaje intimidatorio para otros acusados, y se pregunta en voz alta, refiriéndos ea Sánchez, qué sentido tiene aguantar en el poder si no hay capacidad real para gobernar. "Gobernar es legislar, no resistir", sentencia el republicano, dibujando un panorama sombrío para el futuro inmediato del Ejecutivo.