El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martesque su Ejecutivo quiere seguir "pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino" para "mejorar la vida de la gente y ampliando los derechos sociales", ignorando las peticiones de dimisión inmediatas del PP y Vox tras la histórica condena a 24 años de cárcel del exministro José Luis Ábalos. Mientras la oposición lo señala como máximo responsable de una trama criminal en el seno del Estado, sus socios parlamentarios le exigen explicaciones claras y una batería de medidas anticorrupción para evitar el colapso de la legislatura.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha aprovechado un encuentro sobre políticas sociales para lanzar un mensaje de resistencia. Asegura que el Gobierno seguirá trabajando para ampliar derechos sociales y construir un país más justo, restando peso a los recientes varapalos judiciales. Esta declaración de intenciones se produce en la víspera de su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde deberá rendir cuentas por los escándalos que cercan a su partido.
Desde Moncloa, el mensaje sigue lamisma línea. La portavoz, Elma Saiz, subraya que el Ejecutivo actuó con celeridad desde el principio y repudia cualquier comportamiento alejado de la transparencia. Por su parte, el titular de Transformación Digital, Óscar López, ha defendido la respuesta de los socialistas, contrastando las expulsiones preventivas en sus filas con la actitud del principal partido de la oposición, al que acusa de encubrir a figuras como Isabel Díaz Ayuso.
El bloque de la derecha y ultraderecha exige elecciones
La presión en la bancada conservadora, que inspira las acciones judiciales en curso contra el Gobierno,no cesa. Consideran que la situación del presidente es insostenible y elevan el tono de sus ataques.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, sostiene que la única salida viable es disolver las Cortes y convocar elecciones. Acusan a Sánchez de ser el responsable político de que una organización delictiva operara desde las entrañas del Gobierno. Además, defienden los pactos de la Justicia con figuras clave de la trama, como el empresario Víctor de Aldama, argumentando que han sido fundamentales para destapar el caso.
Vox, a través de Pepa Millán, ha lanzado un aviso contundente a los diputados del PSOE, tachando de cómplices a todos aquellos que sostengan al Gobierno con sus votos. Critican duramente lo que consideran ataques injustificados del Ejecutivo hacia la labor de los magistrados del Tribunal Supremo.
Inquietud desde la izquierda y el nacionalismo
El bloque de la investidura evidencia un desgaste y exige pasar de los discursos a los hechos. Las formaciones reclaman una profilaxis democrática.
Las principales voces ed Sumar en el Congreso (Verónica Barbero, Alberto Ibáñez y Águeda Micó) piden reformas legislativas contundentes y marcan una línea roja infranqueable: la presunta financiación irregular de los socialistas. Además, califican de incomprensible que confesos como De Aldama logren esquivar la prisión y retener los fondos millonarios desviados.
Gabriel Rufián (ERC) advierte a Sánchez de que el comodín de atacar al adversario está agotado y le urge a dotar de contenido social la legislatura. En una línea similar, Néstor Rego (BNG) recalca que apartar a dos ex altos cargos no basta ante un problema que tilda de sistémico.
La líder ed Podemos, Ione Belarra, ha sido la más dura. Califica el momento político de "inasumible", afirma que el actual Gobierno ha dejado de ser útil para la ciudadanía y reclama a Sánchez que, más allá de exhibir capacidad de aguante, demuestre ética y dignidad política.