Sé que la expresión puede resultar incómoda para algunos. Incluso exagerada. Pero cada vez me cuesta más encontrar otra forma de describir determinadas dinámicas que observo desde hace años en la vida pública española. No hablo de un golpe de Estado en su sentido clásico. No hablo de tanques ni de la suspensión de la democracia. Hablo de algo mucho más sutil: una erosión constante de gobiernos legítimamente elegidos mediante una combinación de presión mediática, procedimientos judiciales interminables, filtraciones interesadas y una estrategia permanente de desgaste político.
Quiero dejar algo claro desde el principio. La corrupción debe investigarse siempre. Toda. Sin excepciones. Caiga quien caiga. Cualquier indicio razonable de delito debe ser perseguido hasta el final, afecte a quien afecte. Defender la lucha contra la corrupción y denunciar determinados abusos o excesos no solo es compatible, sino que debería ser una obligación democrática.
Precisamente por eso, me preocupa lo que estamos viendo en algunos casos. Tengo la sensación de que determinadas investigaciones parecen no buscar únicamente la verdad judicial, sino que terminan convirtiéndose en instrumentos de desgaste político. Procedimientos que nacen de recortes de prensa, denuncias con escaso recorrido o indicios inicialmente débiles acaban transformándose en investigaciones que se amplían una y otra vez. La denuncia inicial deja de ser el centro del asunto y lo importante parece pasar a ser mantener viva la causa.
No digo que esto ocurra siempre. No digo que todos los jueces actúen así. Sería injusto y falso afirmarlo. Pero sí creo que existe una percepción creciente de que determinadas investigaciones parecen no tener fecha de caducidad mientras otras avanzan a una velocidad sorprendente.
Y luego están las filtraciones.
Sinceramente, me parece escandaloso que en un Estado de Derecho se haya normalizado que actuaciones judiciales, informes policiales o declaraciones aparezcan publicadas en determinados medios antes incluso de que las conozcan oficialmente los propios afectados. Hemos llegado a un punto en el que casi nadie se pregunta quién filtra, por qué se filtra o con qué intención se filtra. Simplemente se da por hecho.
Lo que debería discutirse en los tribunales acaba discutiéndose primero en tertulias televisivas, editoriales de prensa y redes sociales. Y cuando eso ocurre, la presunción de inocencia queda seriamente dañada.
Porque no nos engañemos. Cuando alguien lleva meses apareciendo en titulares vinculados a sospechas, investigaciones o acusaciones, el juicio público ya está hecho. Aunque años después no haya condena. Aunque la causa se archive. Aunque los hechos resulten ser distintos de los que se publicaron inicialmente. El daño ya está causado.
Me preocupa especialmente la forma en que algunos informes policiales son tratados como si fueran poco menos que palabras sagradas. Parece que ya no es necesario esperar a que un juez valore las pruebas, escuche a las partes o contraste la información. Basta con que exista un informe para que determinados medios presenten sus conclusiones como verdades definitivas.
Sin embargo, la realidad demuestra que los informes también se equivocan. Y cuando se equivocan, casi nunca ocurre nada.
Se publican titulares enormes cuando aparecen determinadas acusaciones, pero las rectificaciones apenas encuentran espacio. Hemos visto casos en los que errores de interpretación o incluso errores en conversiones monetarias han generado informaciones espectaculares que después tuvieron que ser corregidas. Sin embargo, la corrección nunca tuvo el mismo impacto que la acusación inicial.
La sospecha abre portadas. La rectificación suele acabar escondida en una esquina.
También me preocupa el papel que han asumido determinados medios de comunicación. El periodismo libre es esencial para cualquier democracia. Necesitamos periodistas que investiguen, que fiscalicen al poder y que destapen irregularidades. Pero una cosa es hacer periodismo y otra muy distinta convertirse en actor político.
La historia reciente de España debería servirnos de advertencia. Luis María Ansón reconoció públicamente la existencia de una estrategia de "acoso y derribo" contra el Gobierno de Felipe González. Aquellas declaraciones no las hizo un observador neutral ni un adversario político. Las hizo uno de los protagonistas de aquella época. Por eso me resulta difícil aceptar que determinadas dinámicas actuales sean consideradas imposibles o impensables.
Y precisamente por eso me llama la atención la actitud de Felipe González. Quien sufrió en primera persona campañas de desgaste político y mediático que marcaron una etapa de nuestra democracia y que se ha convertido con el tiempo en una de las voces más críticas con gobiernos encabezados por su propio partido. Es una paradoja que no deja de sorprenderme.
Tal vez el problema no sea la falta de memoria. Tal vez sea la existencia de una memoria selectiva.
Hay otra cuestión que tampoco consigo ignorar: la sensación de que existe una justicia a distintas velocidades. Mientras algunos procedimientos parecen avanzar a toda máquina, otros permanecen durante años, incluso durante más de una década, sin resoluciones definitivas ni avances significativos.
No afirmo que exista una explicación única para ello. Cada procedimiento tiene sus propias complejidades. Pero entiendo perfectamente que muchos ciudadanos se pregunten por qué unos asuntos corren y otros caminan. La justicia no solo debe ser imparcial; también debe parecerlo.
Y cuando la percepción de desigualdad se instala en la opinión pública, la confianza en las instituciones se resiente.
No escribo estas líneas para defender a ningún político concreto ni para justificar ninguna conducta irregular. Quien haya cometido delitos debe responder ante la justicia. Sin excepciones.
Lo que me preocupa es otra cosa.
Me preocupa que estemos normalizando un sistema en el que las filtraciones sustituyen a las pruebas, los informes sustituyen a las sentencias, las tertulias sustituyen a los tribunales y el ruido mediático acaba condicionando el debate democrático.
Creo que deberíamos recuperar algo tan sencillo como el respeto a la función de cada institución.
Los periodistas están para informar, no para juzgar.
Los jueces están para juzgar, no para hacer política.
Los policías están para investigar, no para condenar.
Y los políticos están para gobernar y responder ante los ciudadanos en las urnas.
Cuando cada uno cumple su papel, la democracia funciona.
Cuando los límites se difuminan y cada cual invade el terreno del otro, lo que termina deteriorándose no es un gobierno concreto ni un partido determinado. Lo que se deteriora es la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Y una democracia puede sobrevivir a muchas cosas. Pero difícilmente puede sobrevivir a la pérdida de confianza de sus propios ciudadanos.