El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, junto a sus homólogos de Aragón y Extremadura, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández, no asistieron este miércoles a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia para mostrar su rechazo a la "nueva imposición” del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados, según informan a Ical fuentes de este departamento. Tanto Pollán como la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, coincidieron en señalar que la capacidad de Castilla y León para acogerlos "está sobrepasada".
Blanco señaló en Salamanca que la administración autonómica ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el decreto de reparto de menores migrantes impulsado por el Gobierno central en las anualidades 2024 y 2025 por entender que la capacidad de la Comunidad “está sobrepasada”.
Isabel Blanco rehusó valorar la ausencia del vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia que tiene lugar este miércoles. Una decisión que comparte con sus homólogos de Aragón y Extremadura.
“Siempre hemos dicho lo mismo: que las plazas que hay en Castilla y León, la capacidad está sobrepasada, está sobreocupada en este sentido”, reiteró en declaraciones recogidas por Ical en el edificio de Escuelas Mayores antes de su participación en un acto de la Universidad de Salamanca.
“Solo puedo reiterar lo mismo: recurrimos el decreto, explicamos por qué se recurría ese decreto en el año 2024 y en el año 2025, y uno de los factores era porque Castilla y León tenía sobreocupadas las plazas que tiene en este momento”, insistió. “El vicepresidente me consta que esta mañana ya ha dado las oportunas explicaciones”, zanjó.
Previamene, Polllán, siguiendo las directices de Madrid, como sus homólogos ultras de Extremadura y Aragón, dijo que con su ausencia de la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia se pretende mostrar su rechazo a la “nueva imposición” del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros. “Es un gesto de denuncia ante una decisión arbitraria, unilateral y opaca de Pedro Sánchez y a su política migratoria de incrementar, sin conocer la realidad de los servicios de protección de Castilla y León, el número de menas. Además, es una decisión que se esconde detrás de una propuesta de financiación de 35 millones a repartir entre todas las comunidades, que es una estafa más de la política migratoria del Gobierno”.
Además, recalcó que la decisión responde a “a nuestra intención de cumplir desde el primer día el pacto de gobierno que tenemos firmado con el Partido Popular para el gobierno de la Junta de Castilla y León” y remarcó que Vox se opondrá a la política migratoria de Pedro Sánchez tanto a nivel jurídico como a nivel institucional y administrativo.
“Tomaremos todas las medidas que tengamos en nuestras manos para evitar participar de esa política de puertas abiertas, de esa política que está trayendo colapso a los servicios públicos en Castilla y León y en España”, aseguró.
Además, preguntado por la nueva asignación de menores a Castilla y León, hasta superar los 800, apuntó que ahora mismo la Comunidad está al límite de capacidad y lamentó que "la propuesta del Gobierno sea multiplicar casi por cinco el número de menas. No podemos dejarnos llevar por las políticas y por esa estafa migratoria que Pedro Sánchez y su gobierno están queriendo repartir por toda España. Nos vamos a oponer desde el primer momento de esas políticas”, indicó.