Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado este miércoles ante la justicia que su teléfono móvil no sufrió ningún hackeo. En su declaración como testigo en la investigación sobe Miguel Ángel Rodríguez por revelar los datos de los periodistas de El País que investigaban el dpúplex donde vive la pareja, confesó haber eliminado todo el contenido de su dispositivo y cambiado de terminal por seguridad, "siguiendo el consejo de su equipo legal tras un ciberataque que sí comprometió a sus abogados".
La defensa de Alberto González Amador detalló que la vulneración informática apuntó directamente a una cuenta de correo electrónico gestionada por dos de sus abogados. Este incidente, que ya forma parte de las investigaciones del Tribunal de Instancia de Madrid, disparó las alarmas sobre la confidencialidad de la información del cliente.
Al no poder asegurar la integridad del dispositivo ni la privacidad de las comunicaciones, los letrados aconsejaron tomar medidas inmediatas. Como respuesta, González Amador ejecutó un protocolo de seguridad que consistió en eliminar por completo los datos y el historial de su teléfono habitual, desechar el uso de ese terminal y dar de alta una nueva línea telefónica.
La ruta de las fotografías
Durante el interrogatorio, González Amador respaldó, como no puede ser de otra manera, la versión particular de los hechos que ofreció en su momento Miguel Ángel Rodríguez, actual jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Afirmó que un vecino del inmueble tomó las fotografías de los dos periodistas que se encontraban cerca del domicilio de la presidenta y se las envió a su móvil. Tras recibirlas, él mismo se encargó de reenviárselas a Rodríguez. La casualidad ha querido que ese móvil se haya borrado por seguridad.
Para respaldar esta secuencia, entregó a la jueza diversas capturas de pantalla (falta por ver en qué codiciones) de la conversación que mantuvo con su vecino a lo largo de 2024. Puesto que había vaciado su teléfono por las citadas razones de seguridad, tuvo que contactar de nuevo con el vecino para pedirle que le reenviara el chat original y poder aportarlo así como prueba documental.
El origen del caso judicial
Esta comparecencia se enmarca dentro de la investigación abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, quien figura de momento como el único investigado en la causa. La magistrada busca trazar el recorrido exacto de los datos personales y las imágenes de los periodistas afectados para determinar quién los filtró. El caso radica en averiguar si esa difusión pública traspasó los límites legales y constituye un delito de revelación de datos, vulnerando así el derecho a la intimidad de los informadores.