Nada más conocer el reparto del botín apañado por los siameses ideológicos que detentan el poder en la Junta de Castilla y León, era fácil barruntar que el nuevo gobierno presidido por Alfonso “Fonsi” Fernández Mañueco iba a batir el récord de altos cargos en la historia de la comunidad autónoma. La creación de una segunda vicepresidencia y el revoltijo de competencias atribuida a la misma -equivalentes a las de una undécima consejería creada de extranjis- así lo hacía presagiar.
Que uno recuerde, dicho récord lo dejó establecido el olvidado (y olvidable) Juan Vicente Herrera, quién en sus tiempos de supuesto esplendor llegó a desplegar un organigrama de 101 altos cargos. Lo recuerdo bien porque entonces me referí a él (al organigrama, no a su evanescente responsable) como el gobierno de los “101 dalmatas”. Entre esos ciento y la madre figuraba la Gerencia Regional de Justicia, adscrita a llamada consejería de Interior y Justicia, que supuestamente se iba a encargar de preparar las transferencias en materia de Justicia incorporadas en una reforma del Estatuto de Autonomía.
Dicha consejería, encomendada a “Fonsi” dentro de una reestructuración pensada para entregar la de Presidencia al infausto Joseantonio de Santiago-Juarez, no tardó en ser motejada como la consejería Ni-Ni (ni Interior ni Justicia). Pero eso sí, se nombró Gerente Regional de Justicia a una juez, Felisa Herrero, cuya única gestión conocida fue la de adjudicar un coche oficial de la Junta al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, y otro al fiscal superior coétaneo, Gonzalo Martín Granizo. (Desconozco por cierto si los actuales titulares de ambos cargos siguen disfrutando de ese obsequio-gentileza del entonces consejero Ni-Ni. De eso hace más de veinte años, y de la transferencia de la Justicia -ay que risa, tía Felisa- nunca se ha vuelto a tener noticia. Como decía el genial “Hermano Lobo”, a lo mejor se retoma el asunto “el año que viene, si Dios quiere…”
Récord absoluto también en el número de viceconsejerías, ahora diez, sin contar que determinados altos cargos, entre ellos la Jefa de Gabinete del Presidente, tienen un sueldo equiparado al segundo escalón de las consejerías.
El apaño sitúa al eminente jurista (memorable descubridor del ocaso como fundamento jurídico) “Luismi” González Gago como el consejero que tiene bajo su dependencia orgánica nada menos que a 15 de los 102 altos cargos del nuevo organigrama, que serían 24 si se suman los nueve delegados territoriales. “Luismi”, quien al no ser procurador, ahora no devenga las sustanciosas dietas de las Cortes, puede presumir de ser el cargo con más poder político teórico en el nuevo Gobierno, con permiso, eso sí, del consejero de Sanidad (y ahora también de Bienestar Social), Alejandro Vázquez, quien pasa a gestionar alrededor del 40 por cierto del Presupuesto de la Junta.
No diré yo que la vicepresidenta segunda, ingeniera de Caminos ella, Isabel Blanco, ha quedado casi para vestir santos, expresión machista que me costaría la justa recriminación de las feministas de las cuales ella nunca ha formado parte. Pero, descuartizada por completo la antigua consejería de Bienestar e Igualdad de Oportunidades, otrora bandera de la política social de la Junta, queda relegada a gestionar un revoltijo de descartes que se concretan en cinco direcciones generales.
Por su parte, Vox controla ahora 25 de los 102 altos cargos del organigrama.
El vicepresidente segundo y titular de la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, tiene bajo su dependencia a otros siete altos cargos, los que nunca tuvo el inefable García-Gallardo (GG, junior), quién en gloria política esté gozando de tanta salud como descanso dejó tras verse obligado por el mariscal Abascal a abandonar el momio disfrutado como número dos de “Fonsi”. Sólo una simple curiosidad sobre la consejería atribuida a Pollán: ¿a qué dedicará sus desvelos la dirección general de Desregulación?
El consejero de Cultura, Alberto Diaz Pico, tiene a seis altos cargos bajo su mandato, pero la palma es la del nuevo titular de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, quien se hace cargo de una macroconsejería que, incluido el ITA, suma diez altos cargos, uno correspondiente a la dirección general de Política Ambiental, todo un cuerpo extraño en un gobierno con una consejería de Medio Ambiente. Dado que ese organismo no se va a ocupar ni de la Caza ni de la Pesca, adscritas a otra dirección general, cabe pensar que su cometido será el de combatir el “fanatismo climático” de la Agenda 2030.
En fin, a todo esto “Fonsi” también ha ido incrementando la nómina de “personal eventual” de designación directa supuestamente dedicado al servicio de los altos cargos de su gobierno. En su primer gobierno de coalición, el compartido con Ciudadanos, dicha nómina se incrementó escandalosamente hasta alcanzar el número de 41 nombramientos. Hasta hoy (en esto hay que estar atentos cada día al Bocyl) dicha nómina se cuantifica en 45, con salarios que oscilan entre los 47.882 euros anuales (29 de ellos) y los más de 63.703 que se levantan dos esforzadas compañeras de la profesión periodística.
Entre los agraciados “Fonsi” ha renovado al que fuera número dos de Ciudadanos en Castilla y León durante la etapa del gobierno compartido, Miguel Ángel González Rodrígo, alias “el mudito” y también “el manquito”. Vamos a ver si hace lo propio con el que fuera número uno del mismo partido y presidente de las Cortes, Luis Fuentes, una ineptitud tamaño king size a la que recompensó ignotos servicios prestados nombrándole Delegado del Corredor Atlántico, cargo que seguirá existiendo sin que nunca hallamos noticia de la gestión realizada.
Y no queda todo el despilfarro ahí. La consejería de Presidencia sigue manteniendo la llamada Fundación “Valores”, creada de repente a mediados de 2024 cuando Vox rompió el pacto de gobierno en la Junta y la Fundación “Castilla y León”, encargada hasta entonces de dar cobertura a la concentración de Villalar, quedó al albur de lo que decidiera el entonces presidente de las Cortes, el ultraderechista Carlos Pollán, quién culminó su mandato en la Cámara sin haber participado jamás en la celebración anual de la celebración comunera. Pese a haber recuperado la presidencia de las Cortes tras colocar en la presidencia a Paco/Paquito/ Paquete (sobre todo “Paquete”) Vázquez Requero de Lama, la Junta no se ha planteado disolver el chiringuito este de “Valores”, cuya única labor conocida ha sido la de contratar los conciertos/recitales celebrados a nada módico precio en todas las capitales de provincia con ocasión de la festividad del 23 de abril. El PSOE de Castilla y León cuantifica en 700.000 euros, y creo que se queda corto, el incremento de gasto generado por el nuevo organigrama de la Junta. Será por dinero… No se han enterado de que la Junta, tal que diría Manquiña en “Airbag”, siempre ha nadado en la ambulancia.
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