La actualidad judicial marca la agenda política y mediática del país con cuatro resoluciones de gran calado y contraste. La Audiencia Nacional ha citado como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por presuntas maniobras internas. En paralelo, los tribunales han dictado una orden de detención contra el agitador de ultraderecha Vito Quiles, han archivado la causa contra Miguel Ángel Rodríguez y han condenado a prisión al exdirigente popular Francisco Granados por su implicación en la trama Púnica. La trama Púnica es una de las mayores operaciones contra la corrupción política y municipal por amaños de contratos en la historia reciente de España. Coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la red operaba principalmente en la Comunidad de Madrid, aunque extendió sus tentáculos a regiones como Murcia, Valencia y León.
La cúpula de la Guardia Civil acusada por supuestas presiones
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga a Mercedes González y al director adjunto operativo del instituto armado, Manuel Llamas, por posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Anticorrupción sospecha que ambos mandos tomaron decisiones arbitrarias para frenar las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el entorno del Gobierno central.
El origen de la causa radica en una serie de reuniones mantenidas con la exmilitante socialista Leire Díez. Según los investigadores y las declaraciones de varios agentes, Díez presumía de controlar la cúpula policial y exigió tanto la apertura de investigaciones contra la propia UCO por las filtraciones del caso Koldo como la restitución del comandante Rubén Villalba. Aunque González niega cualquier irregularidad y asegura que rechazó estas peticiones de plano, tendrá que dar explicaciones ante el magistrado el próximo 16 de julio.
Orden de busca y captura contra Vito Quiles
En los juzgados de Madrid, la magistrada Rosa María Freire ha emitido una orden de detención que expira en 2031 contra Vito Quiles. El rostro de EDA TV se encuentra en paradero desconocido después de que la Policía acudiera sin éxito a la sede de su canal y de que el propio comunicador eludiera hasta dos citaciones judiciales previas.
Quiles enfrenta una querella por un delito contra el honor tras difundir información falsa sobre un empleado público. A través de sus redes sociales, el agitador afirmó que este trabajador había cumplido pena de prisión por delitos graves y que logró su libertad y un puesto en el Ministerio de Trabajo gracias a la intervención directa de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El afectado, funcionario desde 1985 con una trayectoria limpia, desmiente categóricamente el bulo y denuncia daños irreparables a su reputación.
Carpetazo judicial a la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez
La justicia ha cerrado la investigación abierta contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. La jueza no aprecia indicios de delito en el mensaje que este envió a un chat de periodistas, donde facilitó los nombres, apellidos y una fotografía de dos reporteros del diario El País que cubrían el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
El tribunal concluye que la identidad de los profesionales ya era pública y descarta que la imagen provenga de fuentes policiales o se obtuviera de forma ilícita. Durante la instrucción, González Amador justificó que un vecino captó la fotografía de los periodistas cerca de su domicilio y se la hizo llegar. Pese al archivo de la causa, el PSOE ya prepara un recurso contra la decisión.
Granados suma una nueva condena por las fiestas de la Púnica
La pieza número 7 de la macrocausa Púnica culmina con una nueva sentencia condenatoria. La Audiencia Nacional impone dos años y medio de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación a Francisco Granados por amañar adjudicaciones públicas de forma continuada. La Fiscalía pidió para el que fuera número 2 en el Gobierno autonómico que presidió Esperanza Aguirre, seis años de cárcel.
El tribunal considera probado que el exconsejero madrileño ejerció su enorme influencia política para garantizar contratos de fiestas patronales a la empresa Waiter Music, propiedad del fallecido empresario José Luis Huerta. A cambio, Granados recibía como soborno la organización gratuita de eventos privados. La trama operó ininterrumpidamente monopolizando las celebraciones en municipios madrileños gobernados por el Partido Popular, entre los que destacan Valdemoro (municipio del que el propio Granados fue alcalde), Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio.
Añadir La Crónica de Salamanca como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.