Las cifras del desempleo del mes de junio en Salamanca invitan, a primera vista, al optimismo. Por cuarto mes consecutivo, la provincia encadena una tendencia positiva con un descenso de 498 demandantes de empleo y un incremento de 1.385 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Alcanzar los 134.342 cotizantes y rozar los 9.400 contratos mensuales —de los cuales un 32% son indefinidos, aunque 18 puntos por debajo de la media nacional— son datos que, objetivamente, reflejan músculo en nuestra provincia. Sin embargo, detrás del optimismo macroeconómico y de las "cifras históricas" de afiliación y desempleo, se esconde una realidad estructural mucho más tozuda y preocupante.
El mercado laboral de Salamanca sigue adoleciendo de una profunda dependencia del sector servicios, el cual no solo tira del carro de la contratación estacional, sino que también aglutina a más del 75% de las personas desempleadas, ensañándose especialmente con las mujeres, que representan el 61% del número total de demandantes de empleo.
Pero más allá de la estacionalidad del verano, el verdadero cuello de botella para el bienestar de los salmantinos se encuentra en la peligrosa pinza que forman dos variables asfixiantes: unos salarios estancados y un mercado de la vivienda prohibitivo.
Como he señalado en mi valoración en prensa de estos datos, la buena marcha de la afiliación no se está traduciendo en absoluto en el bolsillo de las trabajadoras y trabajadores. Salamanca arrastra el dudoso honor de contar con unos sueldos que se sitúan entre los que menos crecen de todo el país. En un contexto de inflación acumulada donde llenar la cesta de la compra o pagar las facturas básicas se ha vuelto un deporte de riesgo, que las retribuciones salmantinas permanezcan anestesiadas no es solo un problema estadístico si no una pérdida flagrante de poder adquisitivo que cronifica la precariedad.
Y es que esta buena situación debe reflejarse en los salarios de las empleadas y empleados salmantinos, que son de los que menos crecen de todo el país, pues esta devaluación salarial se vuelve dramática cuando choca frontalmente con el segundo gran muro: el precio de la vivienda.
Salamanca, una ciudad de fuerte tradición universitaria y turística, sufre una presión inmobiliaria desproporcionada para el nivel de ingresos medio de sus habitantes. Tanto el acceso a la compra como los precios del alquiler se han disparado a niveles que resultan inasumibles para quienes sustentan la economía local.
El resultado de esta ecuación es tan matemático como desalentador: salarios del vagón de cola nacional frente a costes habitacionales de primera categoría. Esta brecha insalvable provoca un fenómeno de expulsión silenciosa. Los jóvenes cualificados y las familias trabajadoras se ven incapacitados para desarrollar un ‘proyecto vital digno’ en su propia provincia. Se crea así una paradoja sangrante: la provincia genera empleo y bate récords de afiliación, pero es incapaz de retener el talento o de garantizar la emancipación de su población activa debido a la falta de condiciones materiales básicas.
No podemos permitir que el éxito económico de una provincia se mida únicamente por el volumen de contratos firmados si un tercio de ellos no da para pagar un techo. Crear empleo es el primer paso, pero el empleo sin dignidad económica es solo un espejismo de prosperidad. Si las empresas y las administraciones públicas no abordan de manera urgente la necesaria subida salarial y la regulación o el fomento del acceso a la vivienda, Salamanca correrá el riesgo de convertirse en una provincia escaparate: idílica para el turismo estacional, pero invivible para quienes la trabajan día a día.
Menos autocomplacencia con las cifras de junio y mucha más visión a largo plazo para el futuro de la clase trabajadora salmantina.
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