El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca Alejandro Pérez de la Sota acudió a su primer pleno municipal tras ser acusado de sumisión química por varias alumnas del máster en el que impartía docencia por el que cobrará 500€.
Durante el turno de ruegos y preguntas, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, María Sánchez, instó al alcalde a solicitar al edil abstenerse de acudir al plenario de forma voluntaria para evitar la “revictimización” de las denunciantes, debido a la condición pública de Pérez de la Sota, ya que “se ven expuestas a tener que verle en actos institucionales y medios de comunicación”.
“No tenemos un reglamento ni un código ético, hay un vacío normativo por el cual tenemos que soportar la situación de no poder actual de manera cautelar y tener a esta persona sentada en este pleno”, reflexionó Sánchez, recordando que el Colegio de la Abogacía sí que lo apartó de forma cautelar tras conocer las denuncias.
“Pongámonos en la tesitura de que esto pasara a un compañero o compañera de este pleno, o a un trabajador o trabajadora del Ayuntamiento. Tampoco podríamos solicitarlo cautelarmente. Sabemos que hay obligación de asistir al pleno, pero creemos que, si se lo pide el alcalde con el respaldo de la Corporación, hay causa que justifican la ausencia”, insistió la portavoz del PSOE.
El alcalde, Carlos García Carbayo, quien ha recomendado al edil, sin éxito, que explique públicamente lo sucedido, ya reconoció ante los medios de comunicación que Pérez de la Sota está, por el momento, en su derecho de acudir al plenario. “Los ruegos que son brindis al sol, ni son ruegos, ni son nada”, espetó ante la petición del Grupo Municipal Socialista.
El siguiente ruego, también desde la bancada socialista, guardaba asimismo relación con lo sucedido con Pérez de la Sota. En este caso, la concejala María García solicitó la inclusión en la web municipal de un apartado para prevenir las agresiones sexuales por medio de sumisión química, además de la puesta en marcha de una campaña de concienciación y la elaboración de una guía.
“Esto constituye una grave forma de violencia sexual y un problema de salud pública. Los ayuntamientos tienen una responsabilidad en la prevención y contar con esta información permitiría a las posibles víctimas identificar los síntomas y desarrollar una respuesta coordinada con las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios”, reflexionó.
Cabe recordar que Alejandro Pérez de la Sota declaró hace un par de semanas en los juzgados de Instrucción de la plaza de Colón tras ser denunciado por varias de las alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura, donde ejercía como profesor hasta ser apartado por el Colegio de la Abogacía de Salamanca una vez salió a la luz este caso.
El concejal ha renunciado, hasta ahora, a realizar declaraciones públicas, al margen de un comunicado en el que negó haber recibido denuncia alguna. Tras las acusaciones, eso sí, renunció a acudir a los actos institucionales por el patrón de Salamanca, San Juan de Sahagún. Una posición que la habían exigido públicamente los compañeros de Corporación pertenecientes al Grupo Municipal Socialista.
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