La política autonómica ha cambiado de rumbo de forma drástica. En Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, los presidentes del Partido Popular que salieron de las urnas han terminado cediendo ante las exigencias de Vox. Más allá del reparto de sillones, vicepresidencias o consejerías, los documentos firmados dibujan un profundo giro ideológico coordinado que redefine las prioridades de la administración pública. Feijóo, qu esperaba debilitar al Gobierno con este ciclo electoral, ha aumentado su dependencia de Vox, que decidirá el destino de las cuatro autonomías.
¿Qué significan realmente estos pactos para el ciudadano a pie de calle? Desgranamos los ejes principales de unos acuerdos que comparten una misma columna vertebral y apenas se diferencian por cuestiones geográficas.
1. La "prioridad nacional" entra en juego
Es, sin duda, el concepto que más ríos de tinta ha hecho correr. Aunque no todos los líderes autonómicos lo airearon en sus discursos de investidura, la "prioridad nacional" aparece por escrito en todos los pactos. Se aplicará de forma idéntica en los cuatro territorios para condicionar el acceso a las ayudas públicas y a la vivienda protegida.
La fórmula elegida establece que los recursos se otorgarán "a quienes mantienen un arraigo real con el territorio", lo que se traducirá en la exigencia legal de un periodo mínimo reforzado de empadronamiento, residencia y vinculación local.
2. Pulso migratorio y "cierre de grifo" a las ONG
El bloque dedicado a la inmigración es una enmienda total a la gestión del Gobierno central. Los cuatro acuerdos arrancan de forma tajante bajo el mismo epígrafe: "No más menores extranjeros no acompañados (menas)". Exigen un plan de retorno para devolver a estos menores a sus países de origen y se oponen frontalmente a la distribución de inmigrantes por el territorio nacional.
Además, el impacto económico es directo: se eliminará cualquier subvención pública a las ONG que, a criterio de los nuevos ejecutivos, favorezcan o faciliten la inmigración ilegal. "Ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", reza el texto. El control se extiende también a la vía pública mediante el endurecimiento de la disciplina en los centros de acogida y la prohibición explícita del uso del burka y el nicab.
3. La familia tradicional y la guerra cultural en las aulas
La perspectiva de la familia impregnará de manera transversal las acciones de gobierno con planes de apoyo a la natalidad, deducciones fiscales y ayudas a familias numerosas.
Sin embargo, el cambio más visible se vivirá en los colegios. Se suprime de inmediato el programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí en escuelas de primaria y secundaria, alegando un rechazo al "adoctrinamiento". En su lugar, se obligará a incluir la historia del terrorismo en España en los planes de estudio. En la gestión, se avanzará hacia la concertación del Bachillerato y se presionará a Moncloa para implantar una Selectividad única en todo el país. Además, las actuales normativas de memoria histórica serán sustituidas por nuevas "Leyes de Concordia".
4. Choque con Bruselas: hachazo verde y fiscal
Los cuatro acuerdos firman una declaración de guerra abierta a la Agenda 2030 y al Pacto Verde europeo. El texto andaluz, por ejemplo, se compromete a suprimir cualquier tasa autonómica que penalice al tejido productivo por motivos medioambientales.
En contraposición, se blindan y promocionan actividades tradicionales como la caza y la tauromaquia. Asimismo, se defiende la ganadería intensiva frente a las normativas climáticas de Bruselas y el "lobby animalista". El ajuste de cuentas económico también alcanza a los agentes sociales: las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales se recortarán drásticamente a la mitad (un 50%).
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