La Plataforma Cuidamos Villamayor ha exigido a la Junta de Castilla y León la paralización cautelar de la planta de subproductos animales (Sandach) ubicada en Doñinos. Tras una reunión con representantes de la administración autonómica en Salamanca, donde se admitieron las continuas infracciones de la instalación, los vecinos reclaman medidas drásticas para frenar los graves problemas de malos olores que asfixian a Villamayor, Salamanca y su alfoz.
Los portavoces de la Plataforma Cuidamos Villamayor, acompañados de su equipo legal, mantuvieron este miércoles un encuentro clave con el delegado territorial y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Salamanca. Durante la cita, la propia Administración reconoció el largo historial de deficiencias legales y ambientales que la empresa arrastra desde hace años.
Actualmente, las partes esperan los resultados definitivos de la auditoría que el Laboratorio Regional de Castilla y León llevó a cabo el pasado 20 de mayo. Los afectados aseguran que los datos oficiales confirmarán la vulneración sistemática de la Autorización Ambiental Integrada, una normativa redactada en julio de 2025 que debía regular estrictamente la actividad de la fábrica desde enero de 2026.
El fin de las multas y la posible vía penal
El colectivo ciudadano considera que la política de sanciones económicas aplicada durante los últimos años ha fracasado. Argumentan que los castigos financieros funcionan como simples parches que permiten a la compañía abonar la multa y continuar operando de forma irregular. "Las sanciones ya no sirven. Llevamos demasiados años acumulando expedientes mientras los incumplimientos continúan", lamentan desde la asociación ciudadana.
Ante la gravedad prolongada de los hechos, los vecinos han solicitado a la Junta una serie de acciones legales y administrativas como ejecutar la paralización temporal de la actividad de la planta hasta que la dirección acredite el cumplimiento íntegro de la normativa vigente y trasladar el expediente completo al Ministerio Fiscal para investigar posibles responsabilidades derivadas, incluyendo un presunto delito de falsedad en documento público.
Choque burocrático y petición a Mañueco
Uno de los puntos más polémicos de la jornada giró en torno a qué órgano tiene potestad para ejecutar la clausura temporal de las instalaciones. Mientras la oficina territorial de Salamanca señala a la Dirección General de Sostenibilidad Medioambiental, este último organismo sostiene que la competencia recae exclusivamente sobre la propia Delegación Territorial.
La organización vecinal califica esta contradicción de "incomprensible" y advierte de que las disputas burocráticas no pueden servir como excusa para retrasar la protección de la salud pública. Para desbloquear la situación, exigen que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reúna a los departamentos implicados y decida quién debe firmar el cierre cautelar.
Compromisos y pasos a seguir
Para calmar los ánimos, el delegado territorial confirmó que Alfonso Fernández Mañueco conoce personalmente el conflicto de la planta de Sandach. Asimismo, la delegación se comprometió a comunicar a la plataforma en un plazo breve la hoja de ruta y las medidas precisas que adoptará la Junta.
Como advertencia final, la agrupación vecinal insiste en que la ciudadanía no puede seguir soportando este escenario y recuerda que cumplir la legislación ambiental no es una opción voluntaria para el sector privado. Exigen a las instituciones competentes que abandonen las declaraciones de intenciones y pasen a los hechos, protegiendo definitivamente el entorno y a las familias de la provincia.
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