El Ejecutivo central ha salido en bloque a defender a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tras ser condenado por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que confían plenamente en que instancias superiores certificarán la inocencia de Sánchez, enmarcando todo el proceso judicial en una estrategia para desgastar a Pedro Sánchez atacando a su entorno familiar.
Para el Gobierno, la condena dictada por unanimidad -que aparta a Sánchez de cualquier empleo público y anula su derecho al sufragio pasivo durante casi una década- carece de recorrido jurídico material. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz ha argumentado que el caso adolece de base desde su inicio, ya que fue impulsado en solitario por una "organización ultraderechista".
La portavoz ha hecho hincapié en la falta de reproche por parte de los actores clave del proceso judicial: "Nunca se personó un solo perjudicado, no hay acusación particular y no hay delito". Además, ha recordado que el propio Ministerio Fiscal solicitó la absolución al no apreciar indicios de criminalidad tras la práctica de las diligencias. Pese a manifestar su respeto por las decisiones judiciales, Saiz ha reiterado que el único origen y fin de la causa es el afán de dañar al presidente a través de su familia.
Puente alerta de un intento de derribar al Ejecutivo
El tono institucional de la portavoz ha sido endurecido en redes sociales por otros miembros del Gabinete. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado el momento actual como una etapa que "se estudiará en los libros de historia".
A través de su cuenta en la red social X, Puente ha denunciado una instrumentalización de la justicia para conseguir objetivos políticos, advirtiendo que se están tensando las costuras de las instituciones esenciales del Estado con un único fin: "Derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas".
Los socios parlamentarios exigen reformar la judicatura
Las reacciones también se han sucedido entre los aliados parlamentarios del Gobierno, quienes han tachado la pena de desproporcionada. Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ido un paso más allá al vaticinar que la próxima en caer será la esposa del presidente, Begoña Gómez, augurando que también será condenada "por la cara".
Rufián ha aprovechado la coyuntura para interpelar directamente a los socialistas y reclamar una reforma profunda de los tribunales. "Lo único bueno de lo de David Sánchez y Begoña Gómez es que ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara", ha reflexionado el dirigente republicano, subrayando que adecentar el poder judicial debería ser una prioridad para cualquier demócrata.
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