Bukele ha impulsado una estricta medida para acabar con las ONG. Amnistía Internacional ha alzado la voz pidiendo la liberación de los arrestados y criticando la represión.
El presidente Bukele, tras unas protestas sociales por expropiación de bienes a familias humildes, declaró que estás familias habían sido manipuladas por organizaciones y ONG globalistas extranjeras, acusándolas de intento de desestabilización del gobierno actual; la policía militar desalojó a los manifestantes y realizaron al menos tres arrestos, entre ellos un abogado ambientalista y el líder religioso que encabeza la cooperativa de los afectados.
Amnistía Internacional denuncia estás detenciones como arbitrarias destacando que el artículo 6 de la Constitución de El Salvador garantiza el derecho a expresar libremente el pensamiento, sin censura previa. A su vez, varios artículos reconocen el derecho de toda persona a asociarse libremente con fines lícitos y el derecho de reunión y manifestación pacífica, sin necesidad de permiso previo, mientras que otros prohíben las detenciones arbitrarias y establecen que nadie puede ser arrestado sin orden judicial, salvo en flagrancia.
En el plano internacional, el país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), instrumentos que amparan el derecho a la protesta pacífica, a no ser detenido arbitrariamente, y a participar activamente en la vida pública.
Sin embargo, el problema no acaba ahí, en respuesta a las críticas y manifestaciones en contra de esta decisión, el presidente, estableció lo que denomina una solución: “que las ONG paguen para ayudar”, lo que ha generado un amplio rechazo nacional e internacional, pues la norma siembra serias dudas sobre su verdadero objetivo, especialmente cuando se enmarca en un contexto de creciente hostilidad del Estado hacia voces críticas y actores independientes.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, señala que no deben imponerse restricciones que impidan la existencia de organizaciones no gubernamentales u otras entidades de la sociedad civil, incluida la imposición de obstáculos excesivos para su registro o funcionamiento.” Desde Amnistía se denuncia que la imposición de esta normas arbitrarias vulnera los derechos humanos que son garantizados tanto por la legislación salvadoreña como por los tratados y convenios internacionales de los que El Salvador forma parte.
Por. Yaser Bedar Sosa, defensor de los Derechos Humanos
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