El PSOE exige a la Junta medidas inmediatas frente a los malos olores

Cuidamos Villamayor, ante la Delegación de la Junta en Salamanca, este mes de julio.
Cuidamos Villamayor, ante la Delegación de la Junta en Salamanca, este mes de julio.

Los procuradores socialistas por Salamanca han llevado a las Cortes autonómicas el problema de los malos olores en Villamayor y el alfoz. El PSOE acusa a la Junta de Castilla y León de inacción y de proteger a la empresa responsable, exigiendo respuestas claras sobre la falta de sanciones tras más de dos décadas de contaminación odorífera.

El procurador socialista Fran Díaz ha cargado duramente contra la administración autonómica, denunciando la "dejadez y desidia" del delegado territorial en Salamanca, Eloy Ruiz. Según el partido, el Gobierno regional ignora de manera sistemática las protestas ciudadanas con el único objetivo de amparar a la compañía causante de este deterioro ambiental.

Ante esta situación, los también procuradores Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo se han sumado a la iniciativa parlamentaria para reclamar al presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, que abandone el "pasotismo" histórico y ofrezca soluciones tangibles a los miles de afectados.

Una instalación bajo sospecha

El conflicto se centra en el municipio de Doñinos de Salamanca, concretamente en la planta de tratamiento de subproductos animales Servcor Logistic (la antigua empresa Grupo Corral). Desde hace más de veinte años, esta instalación industrial provoca episodios recurrentes de pestilencia que castigan la calidad de vida en Villamayor, diversos barrios de Salamanca capital y otros municipios limítrofes.

El malestar vecinal se ha agravado tras las recientes revelaciones de la Plataforma Cuidamos Villamayor. Los portavoces de la agrupación aseguran que, durante una reunión reciente, el propio delegado de la Junta admitió que la empresa incumple la normativa ambiental de forma sistemática.

Esta falta de control resulta especialmente llamativa dado que la última Autorización Ambiental Integrada, concedida en julio de 2025, obligaba a la planta a implementar nuevas medidas correctoras en un plazo de seis meses. Dicho límite expiró en enero de 2026 sin que la Junta de Castilla y León, encargada directa de la vigilancia y sanción, haya garantizado su cumplimiento.

Batería de exigencias en las Cortes

Los representantes del PSOE han registrado una serie de preguntas parlamentarias que el Gobierno autonómico deberá responder a la mayor brevedad sobre estos asuntos:

  • Compatibilidad de gestión: Cuestionan si dos décadas de emisiones persistentes son tolerables bajo una labor de supervisión ambiental adecuada.

  • Sanciones y expedientes: Exigen conocer el motivo por el cual no se aplicaron medidas correctoras previas, solicitando un listado detallado de los requerimientos, multas, medidas cautelares y expedientes iniciados contra la empresa, incluyendo fechas y resoluciones.

  • Plan estival: Preguntan si la administración prevé desplegar inspecciones extraordinarias durante este verano para frenar nuevos episodios de malos olores.

  • Registro de denuncias: Solicitan el cómputo total de quejas ciudadanas y requerimientos del Procurador del Común recibidos, así como el detalle de las respuestas administrativas ofrecidas en cada caso.

  • Derecho a la salud: Plantean si la calidad del aire actual respeta verdaderamente el derecho de los vecinos a disfrutar de un entorno saludable y protegido.

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