A principios de julio se publicaba en el Bocyl que una empresa proyectaba una explotación porcina con capacidad para 5.100 plazas de cerdos de cebo de 20 a más de 120 kg en la localidad de Bóveda del Río Almar.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio acuerda someter conjuntamente a Información Pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental del proyecto y la asociación Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca ha presentado alegaciones.
Las argumentaciones se basan en aspectos concretos del proyecto. “Es necesario señalar que partimos de una situación preocupante en cuanto a la calidad del agua en buena parte de la provincia de Salamanca y por eso tenemos que cuestionar la política de la Junta de Castilla y León en cuanto al sector de la ganadería industrial”, explican desde la asociación.
Desde la asociación alegan que Castilla y León ya está saturada de macrogranjas que contaminan los principales acuíferos, así como grandes extensiones de suelo de la comunidad autónoma. “De ahí que en muchos pueblos haya frecuentes episodios de agua contaminada no apta para el consumo humano por elevados niveles de nitratos y otros contaminantes”, puntualizan.
En cuanto a esta granja de Bóveda del Río Almar, la asociación ecologista considera que el procedimiento está viciado en su mismo origen dado que el Estudio de Impacto Ambiental se fundamenta en un marco normativo urbanístico extinguido. “La memoria técnica del proyecto lleva fecha noviembre 2025, fundamenta su viabilidad urbanística en las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de 2013, pero dichas normas fueron sustancialmente modificadas en agosto de 2024. Por todo ello, los perímetros de afección, edificabilidad y servidumbres carecen de validez legal, lo que acarrea la nulidad de pleno derecho de las actuaciones administrativas”, apuntan.
Añade esta asociación que la granja ocuparía un suelo rústico protegido por la presencia de cauces (Arroyo Seco) y prohibición expresa de uso industrial de acuerdo con la normativa municipal de Bóveda del Río Almar (NUM).
Y señala, además que “la granja afecta a la Red Natura 2000 (ZEPA Campos de Alba); el Polígono 501, donde se instalaría la planta se encuentra incluida en la Zona Espacial de Protección para las Aves “Campos de Alba”. El complejo industrial supondrá el hormigonado y sellado directo de más de 6.200 m². El proyecto vulnera el artículo 45.4 de la Ley 42/2007 al carecer de una evaluación específica de sus repercusiones sobre esta ZEPA”, matizan.
Por otra parte, “se vulneraría la prohibición de vertidos indirectos ya que el proyecto prevé un plan de fertilización mediante el esparcimiento de las deyecciones porcinas sobre fincas limítrofes al Arroyo Seco y subcuenca del Río Almar. Esto producirá contaminación por metales pesados y nitrógeno”, analizan desde la asociación.
La memoria técnica, afirman desde el Comité Antinuclear y Ecologista, tiene errores fundamentales ya que dice que la carga ganadera de nitrógeno será de 76.200 kg/año mientras que el documento oficial del Ministerio ha calculado casi 90.600 kg/año. “Existe, por lo tanto, un fraude documental para burlar el tope de los 175 kg N/Ha del Decreto de Nitratos”.
Y finalizan los ecologistas alegando contra la macrogranja por la afección a las franjas de Dominio Público de la Cañada Real de las Merinas porque “no se respetan las distancias ni retranqueos obligados por la ley 95/1985 de Vías Pecuarias”.
Por todo ello, han solicitado a la Junta de Castilla y León (Consejería de Medio Ambiente y Energía) la denegación definitiva de esta autorización ambiental integrada.
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