La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Junta de Castilla y León la aplicación inmediata de la jubilación parcial para el personal laboral de la Administración General y de sus organismos autónomos, así como la resolución de todas las solicitudes que permanecen paralizadas desde el 1 de abril de 2025. El sindicato considera que, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2026, ya no existen impedimentos para restablecer este derecho y pide al Ejecutivo autonómico que actúe "con la máxima diligencia" para evitar que los trabajadores continúen viéndose perjudicados.
Según explica CSIF, la paralización de la jubilación parcial fue consecuencia de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 11/2024, derivada del acuerdo suscrito entre el Gobierno, CCOO y UGT, que establecía la obligación de contratar al trabajador relevista con carácter indefinido y a jornada completa. A juicio del sindicato, esta modificación no tuvo en cuenta las particularidades del empleo público, lo que provocó en la práctica que la jubilación parcial dejara de ser aplicable en las administraciones públicas y que numerosas solicitudes quedaran bloqueadas desde abril del pasado año.
La organización sindical asegura que desde el primer momento denunció esta situación, promovió iniciativas para modificar la normativa, acudió a los tribunales y trasladó esta reivindicación a todas las mesas de negociación con el Gobierno. Fruto de esa presión, señala CSIF, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 19/2026, una norma que adapta la regulación de la jubilación parcial a la realidad de las administraciones públicas y permite nuevamente acceder a este derecho mediante fórmulas de contratación compatibles con la legislación vigente en materia de empleo público.
Una vez desbloqueada la situación en el ámbito estatal, el sindicato entiende que corresponde ahora a la Junta de Castilla y León aplicar de forma inmediata la nueva regulación. En este sentido, exige la resolución de todas las solicitudes de jubilación parcial pendientes desde el 1 de abril de 2025, la implantación urgente del régimen previsto en el Real Decreto-ley 19/2026 y la aprobación de instrucciones de gestión actualizadas que unifiquen criterios en todas las consejerías y organismos autónomos.
Asimismo, CSIF reclama que el Ejecutivo autonómico adopte sin demora todas las medidas necesarias para garantizar que el personal laboral que reúna los requisitos establecidos pueda ejercer este derecho en las condiciones previstas por la nueva normativa, poniendo fin a una situación que, según el sindicato, nunca debió producirse y que ha afectado durante más de un año a numerosos trabajadores de la Administración autonómica.
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